"En España la ley se cumple". Con estas palabras reprochaba Pedro Sánchez la oposición de Isabel Díaz Ayuso a ese esperpéntico decreto de medidas de ahorro energético y su anuncio de recurrirlo al Tribunal Constitucional. Palabras, las del presidente que ya nos gustaría fueran ciertas pero que a la luz de los hechos y los precedentes van a pasar a formar parte de esa larga lista de mentiras e incumplimientos que glosan la trayectoria política y personal del inquilino en La Moncloa.
Un Pedro Sánchez que mintió cuando dijo que no podría dormir con Podemos en el Gobierno y se acostó con Pablo Iglesias, que reiteró que jamás pactaría con Bildu para blanquearlos después y convertirlos en socios preferentes, y que proclamó aquello de "¿De quién depende la Fiscalía?" en un alarde de prepotencia y autoritarismo que fue el inicio del intento de controlar y someter a la Justicia demostrando su desprecio por las instituciones democráticas y la separación de poderes que es el fundamento del Estado de Derecho.
Ese Pedro Sánchez, que ahora, vulnerando la legislación que regula los indultos y en contra del propio Código Ético del PSOE -recoge que los cargos públicos socialistas se comprometen a no proponer ni apoyar la medida de gracia en casos de corrupción- trabaja ya para preparar la condonación de la pena de cárcel a José Antonio Griñán, condenado por prevaricación y malversación. Indulto que de producirse sería también un indulto al PSOE, protagonista del mayor caso de corrupción en la España democrática en el que la Junta de Andalucía repartió más de 680 millones de euros en ayudas a empresas en crisis y para el pago de prejubilaciones sin control.
Aunque detallar todas las violaciones de la legalidad cometidas por Sánchez rebasaría con creces los límites de este artículo no se pueden dejar de mencionar el indulto a los golpistas catalanes, su pasividad ante el incumplimiento de la sentencia sobre el 25% de la enseña del castellano y el resto de tropelías cometidas por la Generalitat, la inconstitucionalidad de los estados de alarma decretados durante la pandemia, su desprecio e inobservancia reiterada de la Ley de Transparencia, su despotismo en el abuso de los decretos leyes -126 desde su llegada a La Moncloa, que superan los registros de todos los gobiernos precedentes- o la dudosa legalidad de sus impuestos populistas a la eléctricas y bancos.
El mismo Sánchez que en mayor de 2015, siendo secretario general del PSOE se comprometió a que todo político corrupto en España debería devolver el dinero respondiendo con su patrimonio busca ahora la fórmula para evitar la entrada en la cárcel de Griñán y otros condenados de los ERE. Y vayan por delante todas mis simpatías y afecto hacia el ex presidente andaluz, pero los sentimientos personales no pueden estar por encima del cumplimiento de la ley y menos aun cuando desde el Gobierno se está trasladando a la ciudadanía un alarmante y antidemocrático mensaje sobre la impunidad de los cargos públicos.
Calificaba Alfonso Guerra el sistema político imperante en España desde la llegada del sanchismo como una "democratura".
Recordar aquí la contundente y profética pregunta que Mariano Rajoy lanzó a José Luis Ábalos, que fue el encargado de defender la moción de censura que llevó al poder a Sánchez: "¿Cuando llegue la sentencia de los ERE se van a poner una moción de censura a sí mismos?". Evidentemente no. En lugar de cumplir la ley y acatar la sentencia el presidente se dedica a movilizar a sus ministros, incluida esa Nadia Calviño incompetente para solucionar la economía, en una ofensiva de descalificaciones y difamaciones contra Núñez Feijóo como cortina de humo para ocultar el escándalo de los indultos, su incapacidad frente a la escalada inflacionista y ante el negro horizonte económico que se adivina a partir de otoño y a lo largo de un año electoral, en el que todas las encuestas le pintan bastos
Calificaba Alfonso Guerra el sistema político imperante en España desde la llegada del sanchismo como una "democratura". Término este que el que fuera vicepresidente del gobierno socialista con Felipe González, definía como "una democracia que es autoritaria, en la que se vota pero se toman decisiones que son autoritarias". Para concluir, en una brillante exposición, que "cuando una sociedad acepta lo absurdo sin reaccionar es una sociedad en decadencia". A buen entendedor…
