La renovación del CGPJ debe hacerse después de reformar el procedimiento de elección de sus miembros. Si alguna vez hubo dudas -que no las hubo nunca- de que es precisamente el sistema actual el origen de los problemas de la politización del órgano de gobierno de los jueces, ahora resulta evidente que reiterar el error de un nombramiento político y negociado entre partidos volverá a ser la causa de una politización que producirá daños a la independencia judicial y a la propia democracia
La única manera de salvar los intentos reiterados de secuestro de la Justicia por parte de los partidos políticos es seguir el criterio de nombramiento que el grupo GRECO, la Unión europea, el Consejo de Europa, las normas jurídicas y recomendaciones supranacionales señalan como idóneo: que al menos doce de los veinte vocales sean elegidos por los jueces. Todo el mundo sabe eso. Y si no se hace es por la absoluta falta de voluntad de contribuir a arreglar lo que está dañado.
No se quiere resolver el problema porque ese problema que afecta a la calidad democrática, a la independencia judicial y a los derechos de los ciudadanos, importa menos que la pérdida de poder ilegítimo de los partidos en la Administración de Justicia. Quieren intervenir en los nombramientos de los vértices judiciales, quieren forzar al poder judicial a actuar teñido por intereses partidistas, quieren en fin, convertir al CGPJ en un grupo de personas situadas allí para ser la correa de transmisión de opciones políticas que solo empañarán las decisiones que se adopten sobre nombramientos. Y no solo sobre nombramientos, sino también sobre criterios de inspección de tribunales, políticas de refuerzo y sanciones a los miembros de la carrera judicial.
Por eso resulta imprescindible para la higiene democrática y para que esta situación irresistible de bloqueo institucional no vuelva a producirse, reforma la ley, reformar el procedimiento de elección y posteriormente proceder con el nuevo sistema limpio de adherencias políticas a la renovación del CGPJ. Hacerlo al revés es perpetuar deliberadamente los males y los problemas del órgano de gobierno de los jueces.
El Gobierno promovió y consiguió aprobar una ley que paralizaba al CGPJ y le impedía efectuar nombramientos mientras no fuera renovado. Por esta causa, hoy se acumulan docenas de vacantes sin cubrir en el Tribunal Supremo y en potros órganos judiciales. Ahora, el Gobierno, en una vergonzosa maniobra, intenta que el CGPJ siga sin poder nombrar ni cubrir vacantes, excepto dos del Tribunal Constitucional porque de ese modo, el Gobierno podrá nombrar otros dos magistrados que vuelquen la mayoría actual. Resulta patético comprobar que para el Gobierno y sus socios, las leyes no son otra cosa que las reglas para su propio beneficio y pueden luego derogarse parcialmente en un solo aspecto, de manera singular, para provocar un efecto concreto. Esto es la manipulación de la Justicia antes ya de la renovación política del CGPJ. Resulta mucho más que vergonzoso que esto pueda ser así. La apelación a Europa es la única solución a los desmanes desvergonzados de un Gobierno al que no le importa la Justicia como servicio público, sino extender su poder también a los tribunales. Si la trampa se consuma, la indignidad se apoderará de todo y la desconfianza de los españoles en sus instituciones será el principio de la decadencia de una democracia ya bastante herida.
