El 30 de junio de 2022 es la fecha que muchas pymes tenían marcada en rojo en el calendario. El inicio del periodo estival supone el final tanto de las ayudas públicas de Bruselas, canalizadas a través de los Fondos de la SEPI y de Cofides, como de la moratoria concursal. Además, hace escasos días, el Gobierno ha puesto en marcha la nueva ley concursal. Las empresas volverán a tener la obligación de presentar concurso de acreedores en los dos meses siguientes a conocer su estado de insolvencia. Con ello, las esperadas vacaciones podrían tornarse en agridulces para muchas pequeñas y medianas empresas.
Estos ansiados mecanismos de ayuda se han ido alargando desde el comienzo de la pandemia hasta toparse con un nuevo escenario geopolítico y económico que ha complicado todavía más la salida a flote de muchos negocios. La inflación actual, el incremento de los costes energéticos, la escasez de las materias primas o el conflicto en Ucrania están reescribiendo un nuevo panorama económico que hace que miles de compañías tengan que buscar nuevas formas de supervivencia ante la incertidumbre financiera. A esto hay que añadir que los expertos del Registro de Economistas Forenses (Refor) del Consejo General de Economistas divisan un horizonte no muy alentador. Para este año pronostican que España se mantenga en el top 10 mundial de países con mayor número de empresas en situación de insolvencia.
Con este marco económico son muchas las compañías que están acelerando su restructuración para evitar entrar en concurso y, aquellas, que finalmente acaben solicitándolo, verán en la venta de su unidad productiva y/o sus activos una salida para salvar su negocio. Este último punto quizá es el que pueden aprovechar mejor los fondos de capital privado y el que les puede suponer, sobre todo a las pymes, un balón de oxígeno para subsistir. La adquisición de activos o de unidades productivas de las compañías en situación de dificultad financiera o distressed es una práctica que se ha ido incrementando en los últimos años. Si bien es cierto que se ha visto reducida, de manera momentánea, desde la pandemia precisamente por las ayudas concedidas. El cese de todas estas medidas coyunturales hace prever un aluvión de concursos de acreedores que pondrá de nuevo encima de la mesa esta variable como alternativa de continuidad para las compañías insolventes.
Al mismo tiempo, la nueva ley concursal facilita este tipo de operaciones, siempre y cuando, se trate de salvar a empresas viables que no tengan capacidad para afrontar sus deudas. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas compañías que tengan un valor de mercado superior a su valor en liquidación, podrán optar por esta vía para salir adelante. Sin embargo, pese a que este tipo de transacciones son populares entre las grandes firmas y en el mundo del M&A, quizá sean menos conocidas para el mercado de las pymes y, en concreto, para las pequeñas empresas. Muchos de estos negocios españoles, ante su desconocimiento, pueden no ver este movimiento y asociarlo como algo negativo sobre su actividad comercial. Pero nada más lejos de la realidad. Pueden aprovechar el momento de incertidumbre como una oportunidad para (1) generar de nuevo liquidez con la que afrontar este incierto escenario y salir reforzado de él y (2) asegurar su continuidad empresarial. En definitiva, pueden encontrar en el capital privado uno de sus mejores aliados para emerger de esta situación.
Aunque las perspectivas a corto plazo puedan no ser muy positivas para muchas pymes, tienen que poner su mirada en el largo plazo y ver diferentes opciones que les permitan mantenerse en el tiempo. El hecho de entrar en concurso, con las facilidades que la nueva ley introduce, debe contemplarse como un facilitador que pone a su servicio todas las herramientas posibles para sobreponerse. Entre ellas, poder acceder a los inversores antes de que el negocio se deteriore más debido al estrés de la situación y que, de otra manera, posiblemente, no habrían contemplado en sus planes de desarrollo o crecimiento.
Sin duda alguna, nos enfrentamos a un segundo semestre en el que tanto los fondos de capital privado como las pequeñas y medianas empresas se vuelven a necesitar. Para los inversores supondrá la ocasión de poder identificar oportunidades que les permitan entrar o afianzarse y consolidarse en determinados sectores en los que quieran posicionarse. Para las pymes la supervivencia de su negocio y su mantenimiento en el tiempo. Para España, que el tejido productivo se mantenga y se pierdan los menores puestos de trabajo posibles.
