La inversión extranjera en España se situó por encima de los 53.000 millones de euros en 2018, pero cayó a 16.000 millones en 2019. La pandemia solo ha acelerado esta fortísima caída, hasta dejar la entrada de capital foráneo en el entorno de los 9.000 millones alcanzados el pasado 2021. Ante semejante desplome, de 44.000 millones, vale la pena preguntarnos qué podemos hacer para recuperar el terreno perdido.
Un aspecto en el que deberíamos fijarnos si queremos volver a despertar el interés de los inversores internacionales es el de la seguridad jurídica. En este sentido, resulta preocupante comprobar que España es uno de los países con menor grado de aplicación de las decisiones tomadas por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI), la institución del Banco Mundial que resuelve las disputas legales entre empresas y gobiernos.
El principal foco de estos incumplimientos está en el sector de las energías renovables. De sobra es sabido que España ofreció primas muy generosas en 2007 que luego revirtió en 2011 y 2013. El problema es que dicho paso atrás se aplicó de forma retroactiva, motivando decenas de denuncias que han terminado llegando al CIADI. Y, ya en dicha instancia, la práctica totalidad de los procesos abordados se han saldado en contra del gobierno de España, al entender que se está incumpliendo el artículo 10 del Tratado de la Carta de la Energía, mediante el cual nuestro país se compromete a garantizar "condiciones estables, equitativas, favorables y transparentes" para la inversión extranjera, "cumpliendo las obligaciones contraídas".
Ahora bien: el problema de fondo no está tanto en el hecho de que nuestro país acumule decenas de resoluciones en su contra, sino en la obstinada reacción gubernamental, que ha consistido en negarse a pagar las compensaciones determinadas por el CIADI, estirando el proceso con todo tipo de artimañas legales que solo dilatan y retrasan la eventual resolución del problema.
Huelga que decir que, en los últimos años, otros socios europeos como Alemania, Hungría o Países Bajos han enfrentado también algunas resoluciones adversas, de modo que España no está solo en ese barco. La diferencia es que los demás gobiernos no han dudado en acatar los fallos y realizar los pagos correspondientes, resolviendo así las disputas. En cambio, nuestro país se ha situado en el grupo de los incumplidores, donde también militan autocracias como Rusia y Venezuela o gobiernos populistas como el de Argentina.
Y lo peor de todo es que, en su conjunto, estas resoluciones van a tener un coste relativamente bajo para el erario público. En el peor de los casos, cuando se hayan resuelto los veinte casos que aún está analizando el CIADI y que previsiblemente serán interpretados en contra del gobierno de España, hablamos de indemnizaciones por un monto de aproximadamente 2.000 millones de euros. Una cifra que, financiada mediante un calendario de pago a cuatro años, supondría apenas el 0,25 por ciento del gasto anual del gobierno.
Los datos muestran que, desde que España modificó en 2011 y 2013 el régimen de financiación de las renovables, estas fuentes productivas apenas han incrementado en un punto porcentual su peso sobre el total de energía consumida en España. Para ese mismo periodo, el aumento medio registrado en la Unión Europea ha sido de cuatro puntos porcentuales. Por lo tanto, la inseguridad jurídica ha tenido un efecto directo en el crecimiento de la energía verde en España. Y no hablamos solo de actividad, sino también de empleo. Por ejemplo, en el subsector fotovoltaico, se han perdido 35.000 puestos de trabajo.
Todo esto debe invitarnos a la reflexión. O España envía un mensaje claro a los inversores, apostando claramente por generar confianza y seguridad jurídica, o seguirá perdiendo oportunidades de crecimiento, lastrada por el miedo que generan estos bandazos institucionales.
