El reto de España ante la inteligencia artificial

La transformación digital ha impulsado una carrera mundial por la competitividad digital estratégica como resultado del valor añadido que generan aquellas economías que más recursos destinan a la investigación, al desarrollo y comercialización de soluciones de inteligencia artificial, convirtiéndose un objetivo político central en muchos países que prestigia y otorga un posicionamiento geopolítico privilegiado.

Aunque Europa está rezagada comparada con Estados Unidos o China, se mantiene en un nivel relativamente competitivo en términos de producción investigadora en inteligencia artificial. Y el reto debe ser competir por el liderazgo tecnológico, ya que no puede permitir que en el desarrollo de normas mundiales que homologuen procesos y avances tecnológicos, los valores europeos se vean amenazados por otros menos respetuosos con los derechos humanos. Como tampoco puede permitir que gobiernos autocráticos usen herramientas digitales para socavar los sistemas políticos democráticos, como vemos en guerras híbridas (invasión de Ucrania por Rusia), o las campañas de desinformación que suponen un desafío para las sociedades democráticas.

La inteligencia artificial generará un inmenso valor económico en aquellas economías que la desarrollen y debe ser un instrumento al servicio de las personas y la sociedad, en beneficio del interés general. Pero su éxito depende de su diseño e implementación.

Una sociedad no avanza si no se transforma a la velocidad que lo hace el resto del mundo. La inteligencia artificial está en una fase inicial de desarrollo, pero crece a niveles exponenciales, siendo una tecnología transversal ligada a todos los ámbitos de la actividad humana.

"Está en una fase inicial de desarrollo pero crece a niveles exponenciales"

Así, es clave entenderla. Y para eso, debe ser confiable, que significa que una persona, sin especiales conocimientos técnicos, debe entender su lógica sin explicaciones complejas: uno no confía en lo que no entiende.

España debiera estar abierta a la inteligencia artificial, sin imponer criterios artificiales que impidan a las empresas ser competitivas en la era digital, pero con pleno respeto a la protección de los derechos y las libertades fundamentales. Y para ello, urge un marco normativo y un compromiso político claro. Es necesario que los políticos, como legisladores, tengan formación en tecnología.

Así lo recomienda el Parlamento Europeo en una reciente resolución aprobada el pasado 3 de mayo. Si se habla de alfabetización digital de la población, parece sensato que un político tenga que dar ejemplo en este sentido.

Por un lado, porque si por algo se caracteriza la tecnología es por su rapidez, y el legislador debe tener en cuenta que cuando acaben los largos procesos deliberativos legislativos que regule el impacto en las personas de una determinada tecnología, seguramente esa ley se promulgue ya desfasada, al ser superada por otra tecnología diferente. La velocidad del desarrollo de la inteligencia artificial y la de la deliberación y promulgación de leyes no es la misma.

"La tecnología debe servir para mejorar la eficiencia de la economía"

Segundo, porque la tecnología debe servir para mejorar la eficiencia de la economía española: una actividad económica innovadora, basada en smart contracts, con tecnología blockchain, como diario público descentralizado de transacciones, puede ayudar a una administración a conocer perfectamente la microeconomía de la sociedad, y así, teniendo un buen diagnóstico, un Gobierno puede realizar un cuadro macroeconómico exacto para la elaboración de sus Presupuestos Generales y atender correctamente las necesidades de la población en cada preciso momento.

Y no solo eso. Será apasionante ver como el derecho, tal y como lo conocemos, evolucione cuando se generalice el uso de la inteligencia artificial basada en procesos descentralizados por tecnologías como Blockchain. Más aún cuando dentro de unos años se generalice la revolución inmersiva del internet a través de la realidad mixta o "metaverso", donde será absurdo distinguir entre realidad física o digital: todo será "realidad" y todo comportamiento social tendrá consecuencias jurídicas.

Sin entrar en toda la problemática jurídica que pueda generar la tecnología descentralizada, donde leyes recientes como las de protección de datos, puede que tengan que ser revisadas, siendo discutible dar soluciones "centralizadas" a tecnologías descentralizadas per se.

Y donde conceptos jurídicos tradicionales, como la dicotomía entre documentos publicos y/o privados, probablemente pasen a estudiarse en Historia del Derecho, puesto que tan transparentes van a ser una escritura pública de un contrato de compraventa de un inmueble como un documento privado de alquiler de vivienda.

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