La eficacia y eficiencia del gasto público en España han caído a los últimos puestos entre las economías de la OCDE, según constata un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE).
Nuestro país queda rezagado en indicadores tan relevantes como el administrativo -que mide el nivel de corrupción, calidad del poder judicial y la dimensión de la política sumergida-, y en el rendimiento de la educación. También en las variables que miden la desigualdad económica, el crecimiento del PIB, la inflación y, por supuesto, el desempleo. Estos desequilibrios no se resuelven gastando más, como suele argumentar el Gobierno para justificar sus políticas. De hecho, el IEE estima que una optimización de la gestión supondría un ahorro de más 60.000 millones a las arcas públicas. Una cifra que para el organismo implica que España podría acometer buena parte de la consolidación fiscal sin subidas de impuestos ni efectuar ajustes que perjudiquen a personas y empresas. Pero para ello, antes el Gobierno ha de ser capaz de mejorar la eficiencia de este gasto hasta la media de la OCDE. En lugar de ello avanza en dirección contraria, disparando el gasto público con la revalorización de las pensiones y un incremento del empleo público, mientras sobrecarga a la economía productiva con subidas fiscales que en un momento como el actual no son solo ineficientes, sino que ya resultan dañinas para empresas y hogares.
La eficiencia del gasto público de España cae a la cola de la OCDE y compromete la recuperación de la economía
Afrontar esta mayor eficacia del gasto es clave, ya que urge revertir una tendencia al alza del desembolso público especialmente peligrosa ante el anunciado endurecimiento de la política monetaria por parte del BCE, que definirá la senda fiscal de los próximos años en la Unión Europea.
