La oferta de empleo público en la Administración Central durante la etapa de Gobierno de Pedro Sánchez alcanza 155.000 plazas, un 141% más que la acumulada por su predecesor en el cargo, Mariano Rajoy.
Este incremento es especialmente significativo teniendo en cuenta que se compara un periodo de apenas cinco años con uno que abarcó casi siete. Por si fuera poco, esta evolución alcanza un máximo histórico en 2022 con casi 45.000 puestos, un 29% del total con una evidente intención de influir en el ciclo electoral que arranca con las elecciones andaluzas. Decisiones de este tipo, que se toman por motivos únicamente políticos, no encajan con el supuesto compromiso del Ejecutivo con los objetivos pactados con Bruselas, que pide un control del gasto y el déficit más riguroso. Y lo peor es que agrava las dudas, expresadas claramente por la propia Comisión Europea, sobre la solidez real de la recuperación del mercado laboral tras la pandemia. Porque estas cifras revelan hasta qué punto la mejora del empleo de la que tanto presume el Gobierno se sostiene sobre una Administración sobredimensionada que maquilla las dificultades que atraviesan las empresas y los autónomos para crear nuevos puestos de trabajo. Además, el elevado peso del sector público también provoca que España sea incapaz de revertir la pérdida de productividad, la mayor de todos los países europeos.
La ambición electoral de Pedro Sánchez dispara la oferta pública de empleo un 141% respecto a la etapa de Rajoy
Esta incompleta rehabilitación de nuestro mercado laboral constata la persistencia de los daños que la crisis del Covid provocó. Unos estragos que ningún Gobierno responsable debería pretender esconder con una oferta pública exagerada, que solo se traduce en una recuperación temporal y en falso del empleo.
