¿Alguien se acuerda de la rebaja del IVA del cine? Fue en junio de 2018 cuando se decidió pasar del tipo impositivo general del 21% al reducido del 10%, ante la reivindicación unánime del sector como una medida necesaria para recuperar el número de espectadores. A pesar de esa rebaja, los espectadores han seguido cayendo y el precio medio de las entradas se ha mantenido e incluso superado con el paso del tiempo, de modo que el supuesto ahorro fiscal no ha repercutido en los consumidores sino que ha ido a mejorar los maltrechos márgenes de las empresas del sector.
En enero de 2021 se acabaron buena parte de los peajes de las autopistas de España, y con ellos el IVA correspondiente, una gran noticia para conductores y transportistas que durante años venían reclamando el fin de un sistema de pago que sólo repercutía en los bolsillos de los usuarios. La patronal del transporte denunciaba que la existencia de los peajes afectaba al precio final de las mercancías y era un freno a las exportaciones. Sin embargo, desde la desaparición de los peajes, ¿alguien ha notado una rebaja en el precio de los gastos de envío o en el precio final de los productos? Lo cierto es que este coste no se ha eliminado del bolsillo de los consumidores sino de los balances empresariales.
En junio de 2021, ante la subida de precios de la electricidad, el Gobierno acordó la rebaja del IVA de la factura de la luz, bajando el tipo impositivo del 21% al 10%, así como la suspensión del impuesto sobre la producción de electricidad que pagan las empresas eléctricas y que representa un 7% de la factura. No obstante, y a pesar de estas rebajas, el precio de la luz se mantiene en máximos debido, por una parte, al alto precio del gas, combustible utilizado para generar energía y, por otra parte, al coste de las emisiones de CO2 que las centrales eléctricas pagan por contaminar. Es decir, Hacienda ha renunciado a sus ingresos para ayudar a los consumidores a pagar sus facturas, mientras que las empresas del sector mantienen sus ingresos y márgenes.
Lo mismo ha ocurrido con la escalada de precios de los carburantes, también se pidió una rebaja del IVA para contener los precios que finalmente se ha transformado en una subvención directa sobre el precio de los combustibles de 20 céntimos el litro. En cambio, en la mayoría de gasolineras los precios han subido y se mantienen por encima de dicha cuantía, de modo que los conductores tienen la percepción de que quienes se están beneficiando de esta medida no son ellos sino las empresas distribuidoras que, gracias a este pago, ven compensada la caída del consumo de carburantes debido precisamente a los altos precios.
Hace pocos días, la patronal de los supermercados ha hecho un llamamiento para rebajar el IVA de los productos de alimentación y evitar que la alta inflación acabe afectando al consumo. Argumentan que los alimentos son productos de primera necesidad, de modo que todos tendrían que estar gravados con el tipo superreducido del 4%. Resulta que ahora sólo lo están algunos de ellos, como el pan, la leche, los huevos y las legumbres, mientras que a la mayoría se le aplica el tipo reducido del 10% y a algunos el tipo general del 21% como a las bebidas alcohólicas o a los refrescos.
De nuevo se apela a la rebaja de impuestos como una medida beneficiosa para los consumidores, dando a entender que dicha rebaja acabará repercutiendo en los precios finales. No obstante, y vistos los resultados precedentes de medidas parecidas, todo parece indicar que esta reducción terminará contrarrestada por otros costes y servirá otra vez para garantizar los márgenes empresariales del sector, de modo que difícilmente llegará a los consumidores finales.
Al final, bajo todas estas peticiones de rebaja del IVA subyace la idea de que el pago de impuestos es una carga negativa que dificulta el comercio y frena el consumo, ocultando la verdadera finalidad de los tributos que es sostener el gasto de los servicios públicos. El paradigma de esta manipulación son las promociones "sin IVA" que algunos comercios y grandes almacenes realizan repetidamente, confundiendo a los consumidores que creen que es posible ahorrarse el IVA de sus compras.
Lógicamente, lo que hacen los comercios es aplicar un descuento por el mismo importe del impuesto, incluyendo el precio rebajado su correspondiente porcentaje de IVA, de modo que no se produce ningún ahorro fiscal pero si se alienta un comportamiento antijurídico (no pagar impuestos) que lleva implícito el mensaje de que los impuestos son nocivos.
Es cierto que vivimos tiempos muy complicados y con grandes incertidumbres que afectan a nuestra economía, y es lícito que todo el mundo busque un salvavidas para seguir a flote, y nada mejor que intentar reducir costes cuando los precios se han disparado y el consumo de las familias no termina de arrancar. Pedir la reducción y supresión de impuestos para estimular la demanda, cuando las ventas caen y el coste del dinero empieza a subir, podría ser una solución. Al final todo se reduce a la ecuación entre ingresos y gastos, y a la permanente búsqueda de maximizar los primeros y reducir tanto como se pueda a los segundos.
Lo que pasa es que, cuando las cosas van bien, en lugar de asumir que el pago de impuestos aumenta porque la Constitución define nuestro sistema tributario como progresivo, la respuesta suele ser buscar la manera de evitar como sea dicho pago, ya sea mediante la economía de opción, la simulación o directamente el fraude y la evasión fiscal. Difícil solución tiene un país en el que, cuando las cosas van mal, se pide a Hacienda que no recaude, pero que, cuando van bien, no se quiere saber nada de ella e incluso se aplaude, por ejemplo, a los que deciden irse a vivir fuera para no tener que cumplir con su obligación de contribuir.
Si algo han enseñado estos dos años de pandemia es que la defensa del Estado del bienestar pasa necesariamente por disponer de unos servicios públicos que puedan dar una respuesta adecuada a las necesidades y problemas de los ciudadanos, incluso en los peores momentos, y para ello son imprescindibles los impuestos. Sin duda, se tiene que mejorar y mucho la eficiencia en el gasto público y, sobre todo, evaluar el impacto de las políticas públicas, asignatura pendiente en España. Pero también tenemos que decidir qué sistema tributario es el más acorde con el modelo de país que queremos. Bajar y pagar menos impuestos significa tener más recursos en manos privadas que públicas y, por consiguiente, limitar la capacidad del sector público en favor de la iniciativa privada. ¿Estamos dispuestos a ello?
Entidades
