Las empresas que más dinero ganan el mundo son, precisamente, las empresas que menos impuestos pagan por sus beneficios. En esta simple frase se encierra el problema al que se enfrentan los estados, en lo que se refiere a exigir impuestos sobre beneficios a las grandes multinacionales tecnológicas.
Esto, por supuesto, es una cuestión de justicia, porque es inaceptable que cuantías ingentes de beneficios paguen impuestos ridículos, mientras que las clases medias tienen que soportar unos impuestos elevados y crecientes. Pero además, para las demás empresas resulta cada vez más difícil competir con grandes multinacionales que apenas pagan impuestos.
La clave de que estos gigantes no paguen impuestos está en la triangulación, es decir, el desvío de beneficios hacia "territorios de baja tributación", habitualmente paraísos fiscales. Aunque existen cláusulas antiparaíso en la legislación española, y en la de otros grandes Estados de la Unión Europea, no hay una normativa antiparaísos común.
De hecho hasta hace poco, ni siquiera había una lista europea común de paraísos fiscales. Aquí el problema no es sólo que en esta lista no estén "sospechosos habituales" como Panamá o Gibraltar, sino que no hay normas comunes europeas que eviten el traslado artificial de beneficios y bases imponibles hacia esos territorios.
Hace unos años, el máximo ejecutivo de Apple, Tim Cook, reconocía en el Senado de Estados Unidos que Apple había pagado 6.000 millones de dólares en Estados Unidos, soportando una tasa efectiva del 30,5 por ciento sobre sus beneficios. Por seguir con esta compañía, que ha obtenido los beneficios más elevados del mundo, hace año y medio la Comisión Europea exigió a Irlanda que recuperase 13.000 millones de euros.
Con esta cifra, Irlanda cobraría el 12,5 por ciento de los beneficios que obtuvo su filial irlandesa. Por supuesto, a lo largo de varios años Apple no ganó en Irlanda más de 100.000 millones de euros, cifra que al 12,5 por ciento da algo menos de 13.000 millones, sino que es un beneficio obtenido en toda Europa. Apple, como el resto de multinacionales digitales, opera en toda Europa, pero finalmente las ventas se materializan casi siempre desde Irlanda.
De esta forma, casi todo el beneficio se materializa en Irlanda o en otros territorios donde se tiene un "mejor trato fiscal". Bien, según la comisaria europea de Competencia, la liberal Margaret Veestager, la tasa de tributación efectiva de Apple en Irlanda, lo que es casi decir en toda la Unión Europea, era inferior al 0,1 por ciento. ¿Cómo se llega a esta cifra si el tipo nominal del impuesto en Irlanda es del 12,5 por ciento? Hay dos claves fundamentales, en primer lugar los ruling o acuerdos por los que se pacta la tributación entre un Estado y una gran empresa.
En segundo lugar, permitiendo deducir los gastos que se generan por facturas emitidas por filiales radicadas en paraísos fiscales.
Hemos puesto el ejemplo de Apple, pero es el caso, con algunas variaciones, de la práctica totalidad de las multinacionales tecnológicas. Estas muy grandes empresas no tributan donde se genera el beneficio, de hecho, prácticamente no tributan en ninguna parte, con la excepción, obvia de Estados Unidos. De hecho con la reforma fiscal de Trump, y siguiendo con el ejemplo, Apple ha anunciado que para repatriar dividendos a Estados Unidos pagará a la Hacienda Federal estadounidense 38.000 millones de dólares -unos 31.000 millones de euros-. Este dividendo procede de beneficios generados fuera de Estados Unidos, y que apenas pagaron impuestos overseas.
Ante esto, podemos seguir esperando a que la Unión Europea alcance un acuerdo, por unanimidad, para cambiar las reglas fiscales del impuesto de sociedades en Europa. Como este acuerdo hay que alcanzarlo por unanimidad, y habría algunos pequeños países que se verían perjudicados, podemos seguir esperando durante mucho, mucho tiempo. Desde Ciudadanos, creemos que los gobiernos de los grandes Estados de la Unión Europea deberían reaccionar.
En este sentido, el establecimiento, mediante el mecanismo de cooperación reforzada, o incluso unilateralmente, de un impuesto sobre las ventas de las multinacionales digitales, es claramente una opción. Aquí habría que incluir no sólo las ventas de las filiales establecidas en el territorio, sino también las ventas que se realizan desde las filiales en otros lugares, como Irlanda, para evitar la triangulación, y que como ocurre ahora, los beneficios se desvíen hacia paraísos fiscales. Para recaudar este impuesto sobre filiales radicadas fuera del territorio, habría que establecer una retención, o un pago a cuenta, por los servicios, royalties, asistencia técnica, etc., pagados al exterior. Alternativamente, se podría establecer un impuesto sobre determinadas prestaciones digitales, que sistemáticamente se deslocalizan.
En cualquier caso, habría que establecer un límite para que a través de estos pagos, estas empresas no paguen un exceso de imposición. Pero seamos conscientes de que ahora mismo, en estos casos, no hay doble imposición, sino simplemente una desimposición atroz. Sólo estableciendo este tipo de mecanismos en los grandes Estados europeos, será posible negociar un régimen fiscal mínimamente justo para los mercados digitales, es decir para el futuro.
Si seguimos con una fiscalidad del siglo XIX para un mundo del siglo XXI, sólo podemos esperar el fracaso: exigir más impuestos a empresas y contribuyentes españoles y del resto de Europa, mientras ingentes beneficios quedan sin tributar prácticamente nada. Por eso, desde Ciudadanos hemos llevado al Congreso nuestra propuesta para establecer un mínimo de tributación efectiva a las grandes multinacionales digitales. Esperamos que cuente con el apoyo de los grupos y del Gobierno, por ni la pasividad ni el fracaso son una opción, por lo menos para nosotros.
Por Francisco de la Torre Díaz, diputado de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso. Inspector de Hacienda