Una economía necesita un sistema financiero, y para eso es imprescindible no tener entidades financieras insolventes o quebradas. Esta evidencia básica condiciona muchas cosas. Recientemente, acabamos de ver la enésima consecuencia: la modificación del régimen de activos fiscales diferidos (DTAs) de la Banca pactada por el Gobierno español con la Comisión Europea (CE). En este tema, de por sí oscuro y complejo, no se ha hecho el más mínimo esfuerzo porque se entienda nada, o incluso se ha hecho un esfuerzo porque no se entienda. Todo esto recuerda a Alan Greenspan, antiguo presidente de la Reserva Federal americana que cuando un senador en una comparecencia le dijo ?creo haberle entendido?, el gran gurú le contestó que si había creído entenderle es que él no se había explicado bien.
La primera cuestión que hay que aclarar es que la Banca perdió dinero durante la crisis. De hecho, la Banca perdió más dinero que los demás sectores, en la medida en que los financió. Así que cuando las empresas no han podido pagar los créditos, todos los impagos y deterioros han acabado en los balances de los bancos que habían concedido los créditos. Cuando esto ocurre, es decir cuando un banco, o bien no recupera un crédito, o bien se le entrega un activo que vale menos, experimenta una pérdida. Si el banco, aún así tiene beneficios, debido a esas pérdidas, pagará menos impuesto de sociedades.
Si las pérdidas superan los beneficios del año, el banco, como cualquier otra entidad, no sólo no pagará impuesto de sociedades ese año, sino que tendrá derecho a pagar menores impuestos sobre beneficios en el futuro cuando vuelva a ganar dinero. Esto es lo que se conoce en la jerga financiero-fiscal como activo fiscal diferido, el derecho a pagar menores impuestos en el futuro. Obviamente, para que este activo fiscal tenga algún valor hay que ganar dinero. De hecho si la entidad financiera se liquida, a ningún acreedor le servirá para nada el famoso derecho a no pagar impuesto de sociedades en el futuro. En consecuencia, la normativa bancaria internacional de Basilea III, obliga a los bancos a restar estos activos fiscales diferidos de su capital de máxima categoría, core capital, porque no garantizan solvencia en caso de problemas.
Según el FMI en 2013, estos activos fiscales diferidos ascendían aproximadamente para todo el sistema financiero a 51.000 millones de euros. En mi libro ¿Hacienda somos todos? calculo que eso implicaba unas pérdidas siderales extraordinarias de la Banca, durante la crisis, de unos 170.000 millones de euros. Estas pérdidas suponían al 30%, el derecho teórico a pagar menos impuestos por 51.000 millones. Estas pérdidas se reconocieron, tras muchísima presión internacional, en 2012, pero se habían ido generando a lo largo de toda la crisis.
Si dicho reconocimiento se hubiese hecho antes de mediados de 2012, cuando España todavía tenía acceso a los mercados, la imprescindible recapitalización de los bancos se hubiese podido realizar sin tener que pedir un rescate de 100.000 millones de euros a nuestros socios europeos. Ese rescate ha condicionado de forma importante la política económica española.
De ese rescate no se utilizó todo el importe, fundamentalmente porque el Estado optó por garantizar la mayor parte de los activos fiscales de la Banca. Ese aval estatal permitió que los bancos no tuviesen que ampliar capital en aproximadamente 30.000 millones de euros. El régimen de activos fiscales diferidos implicaba que si la entidad se liquidaba era el Estado el que pagaría los activos fiscales a los acreedores. Sin embargo, esta garantía, entre otras cuestiones porque es inasumible, no se extiende a las demás empresas.
Para intentar esconder este hecho, la normativa habla de ?dotaciones por deterioro de créditos? cuya deducibilidad no se produzca por aplicación" de otros artículos de la ley. Traduciendo, deducibilidad de créditos que se rigen por el reglamento que se remite a la normativa del Banco de España. Esto significa que se da un régimen de garantía, y además de deducibilidad, más favorable a las entidades de crédito que a las demás empresas. Esto, a primera vista, se parece mucho a una ayuda con fondos públicos que favorece a determinadas empresas o producciones, que es la definición de ayuda de Estado del artículo 87 del Tratado de funcionamiento de la UE.
El hecho de que la Banca tenía un régimen singular quedó meridianamente claro en la reforma fiscal cuando se fijó un tipo para la Banca del 30 por ciento, mientras que a las demás empresas se les rebajaba al 28 por ciento, primero, y después al 25 por ciento. Esto no se hizo, como manifestaron altos cargos de Hacienda para que pagasen la factura de la crisis, no. Esto se hizo para evitar que tuviesen que ampliar capital. Si las entidades financieras tenían derecho a ahorrarse impuestos por sus pérdidas, este ahorro fiscal que aparecía en los balances es menor si baja el tipo.
Como era de esperar, las denuncias de otros bancos competidores llegaron a la CE, que abrió un expediente de ayudas de Estado. El expediente se cierra ahora con el acuerdo de que los bancos paguen un 1,5 por ciento por el aval público a los activos fiscales diferidos. Los bancos no están obligados a pagar, pero si no lo hacen deberán descontar estos activos fiscales diferidos de su capital. No es una solución ideal, pero la alternativa era obligar a los bancos a solicitar urgentemente 30.000 millones de euros de capital. Las consecuencias hubiesen sido malas para sus accionistas, pero también para la economía española, al reducirse el crédito a familias y empresas.
Era algo necesario, pero no deja de ser irónico que lo último que haga este Gobierno sea salvar la enésima ayuda a la Banca, después de prometer que no iba a dar un euro para salvar a los Bancos. Con todo, lo peor es que han intentado ?explicarlo para que no se entienda? al sufrido ciudadano que finalmente pone el dinero. Merecemos un Gobierno que no sólo tome medidas cuando hay que tomarlas sino que intente explicarlas y no confundir.
Por Francisco de la Torre Díaz. Inspector de Hacienda del Estado. Responsable fiscal de Ciudadanos. Autor de ¿Hacienda somos todos?
