Si el Banco Central Europeo (BCE) trae a la banca en vilo con su política de tipos de interés, esta semana la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) provocó un terremoto entre las energéticas, sobre todo en las gasistas. Desde hace 17 años no se revisaban los incentivos económicos otorgados por el Estado a las redes de distribución de gas.
La actualización de estos incentivos supondrá recortes próximos a los 6.000 millones de euros en los próximos cinco años a partir de 2021. Un tajo significativo para la cuenta de resultados de empresas como Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa) y, sobre todo, de Enagás. Sus ingresos pueden verse afectados en alrededor del 40 por ciento. Las consultoras S&P y Fitch pusieron en seguida en revisión el rating de ambas sociedades, lo que contribuiría al encarecimiento del coste de su deuda y a una merma adicional de su resultado.
Se preguntarán por qué hay que financiar con ayudas las redes de distribución y porqué estos incentivos se reducen ahora de forma sustancial. Todos los Estados tienen sistemas de retribución a sus grandes redes energéticas, al considerarse estratégicas, y estar sometidas a regulación. En el caso de la electricidad se hace mediante una retribución a los activos de Red Eléctrica de España (REE), esencialmente, y en el gas, mediante incentivos.
En ambos casos, se trata de un dinero aportado desde el Gobierno para contribuir no a su mantenimiento, si no al desarrollo y la extensión de estas redes de distribución de gas y de electricidad. En nuestro país, el gas natural sólo abastece a poco más de la mitad de la población, el resto sigue dependiendo de la bombona de butano.
El recorte en más de mil millones anuales de estas ayudas no debería tener, por tanto, impacto alguno en los precios que pagamos los consumidores. Sin embargo, sí supondrá un freno a las inversiones en las redes de gas en el futuro.
El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, tras conocer los recortes, anunció una paralización de las inversiones de su compañía, alrededor de 75 millones, de aquí a finales del ejercicio. El de Enagás, Antonio Llardén, aún no se ha pronunciado. Lo hará en su comparecencia para presentar resultados a finales de mes.
¿Puede España permitirse un frenazo en la extensión de las redes de distribución de gas (una energía barata comparada con las renovables), que reduce de manera considerable el efecto invernadero en relación a combustibles fósiles como el petróleo? Mi respuesta es No.
El plan del Clima presentado por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, esta primavera prevé inversiones superiores a los 235.000 millones durante la próxima década para reducir alrededor del 40 por ciento las emisiones de C02. Un plan con un desarrollo tortuoso, ya que requiere levantar parque eólicos ó fotovoltaicos, con un coste muy oneroso, como puede verse por la cifra de inversión requerida.
En una primera fase, hasta 2030, el Gobierno necesita contar con el gas y con la extensión de su uso para lograr sus objetivos de descarbonización. España se ha convertido, además, en un importante centro europeo para la distribución de esta energía, gracias a la ampliación de su capacidad de almacenamiento y a los acuerdos firmados con Marruecos y Argelia para la construcción de los gasoductos que cruzan el estrecho con destino a Europa. Deberíamos aprovechar esta acertada política estratégica, que nos permite el acceso a una fuente de energía barata y con bajas emisiones.
Trump y Putin compiten por erigirse en los suministradores del gas al corazón industrial de Europa. El presidente americano a través de barcos y el ruso mediante la compleja red de gasoductos que atraviesa el Viejo Continente de Norte a Sur para suministrar a los centros industriales.
El gas es una energía imprescindible para alcanzar los objetivos de descarbonización fijados en la Cumbre de París. Estados Unidos es uno de los países con menores emisiones gracias al uso de esta energía, que produce en cantidades industriales.
No tiene, además, sentido poner en revisión un plan de estímulos después de 17 años y someter a un severo ajuste a las empresas, sin dar tiempo a su adaptación. España es una isla energética y el período de transición hacia las energías renovables será esencial para mantener la competitividad y el superávit exterior conseguidos en los últimos años, que están permitiendo cambiar el modelo de la economía española.
Ribera tiene la última palabra en este asunto como la ejecutora de la política del Gobierno. Creo que sería un error coartar el crecimiento de una energía tan asequible como el gas.
PD.- Otra de las sorpresas que deparó la semana fue la dimisión del secretario de Hacienda mexicano, Carlos Urzúa, en protesta por la política del presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo). Urzúa alegó fuertes presiones para colocar a funcionarios enchufados en su Ministerio, lo que pone de manifiesto que la política de amiguismos sigue intacta, pese a la soflama populista del nuevo presidente.
Cada mañana, se dirige a los mexicanos como si fuera una especie de Mesías. Pero el camino trazado conduce a la ruina, o cuando menos a la recesión.
El Bank of América señala en un reciente informe que México está ya en recesión técnica tras registrar un retroceso de un par de décimas en el PIB correspondiente al primer trimestre. Asimismo, el Banco Central del país azteca advierte de que entrará en crisis en los próximos meses, si no se corrigen las políticas económicas.
Entre los factores de riesgo que citan ambos informes están las tensiones comerciales con Estados Unidos, así como la revisión por las agencias de rating de la perspectiva negativa a Pemex, la petrolera estatal que emplea a más de medio millón de mexicanos, con unos resultados muy negativos.
El discurso populista de Amlo siembra la desconfianza entre los inversores internacionales y paraliza la actividad cotidiana, con decisiones caprichosas o irracionales, como dar marcha atrás en la construcción del nuevo aeropuerto. Urzúa alegó presiones para meter funcionarios a dedo, pero en realidad, su inquietud es mucho más profunda. Veía como se va a pique el transatlántico de la economía mexicana, sin remedio.
A la parálisis de México se suma la incertidumbre en Argentina por la reelección de Mauricio Macri después de que su economía en barrena tras pedir auxilio al Fondo Monetario Internacional (FMI) ó las dudas sobre la capacidad del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, para cumplir con su plan de reformas, sobre todo el recorte en las pensiones. Malas noticias, en definitiva, para las empresas españolas que copan las inversiones en la región.
Y aún peores si Pedro Sánchez consuma un gobierno con Podemos, aunque no tenga a Iglesias dentro. Un ejecutivo social-comunista despertará los nervios en los mercados financieros, amedrantará la inversión y enfriará la actividad. Se avecina una tormenta en pleno verano.
Entidades
Amador G. Ayora
Director de elEconomistaRelacionados
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