Tras dos años desde el comienzo del proceso liberalizador del sector de la estiba, el balance es decepcionante.
Un reciente decreto del Gobierno de Pedro Sánchez establece la subrogación obligatoria de estos trabajadores. Existen así indicios de que las empresas carecen de libertad para contratar a sus empleados, por lo que a nadie puede sorprender que la CNMC inste a la Justicia europea a que se pronuncie sobre ese decreto.
La situación actual plantea un problema de primer orden, no solo por la posibilidad de que el Tribunal de Luxemburgo dicte una sentencia condenatoria. Aún más grave es el modo en que se hará patente ante la UE que siguen vigentes los privilegios que Bruselas instó a España a eliminar, lo que acarreará sanciones.
