La Cámara Oficial de Comercio en China (Cocec) sufre una lucha interna que manifiesta el profundo malestar de las empresas españolas que operan en el gigante asiático hacia este organismo. La continuidad de su actual junta directiva, presidida por Manuel Torres, socio de Garrigues, provoca la rebelión de las oficinas subsidiarias de la Cámara, ubicadas en Pekín y en Cantón.
Sus protestas están justificadas, en la medida en que la permanencia de la actual junta contraviene los estatutos de la propia Cocec. Los mandatos están limitados a un número máximo de dos y la ejecutiva de Torres ya ha agotado ese margen. Sin embargo, el conflicto implica una gravedad mayor de la que se deriva de un incumplimiento de reglamentos internos o de reglas de gobernanza. La rebelión de las delegaciones de Pekín y Cantón parece ser la última evidencia del descontento general que existe con el funcionamiento de la Cámara, a la que acusan de "cubrir los intereses personales de determinadas personas y empresas". El presunto uso de un organismo así para fines particulares atenta contra su misma naturaleza. No en vano se trata de una asociación privada, pero a la que la Administración española le reconoce una labor consultora y de asesoría, gracias a que se pone al servicio de toda empresa de nuestro país que se adentre en el mercado chino. A todo ello hay que añadir el grave daño que este conflicto inflige a la imagen exterior de España, en un país estratégico para nuestras relaciones comerciales y de inversión. Aún tiene mucho que avanzar para estrechar esos vínculos, frente al gran terreno ya ganado por otros países de la UE, como Francia o Portugal, y en nada ayuda la existencia de estas tensiones.