Millones de usuarios de telefonía móvil a escala mundial tomaron conciencia este fin de semana de los graves perjuicios con los que amenaza la guerra comercial China-EEUU.
La prohibición de Washington de que empresas estadounidenses negocien con firmas acusadas de espionaje, en clara alusión a Huawei, pone en peligro las actualizaciones del sistema operativo que usan los celulares de esa marca china, ya que trabajan mayoritariamente con Android, fabricado por Google. Está aún por verse cuál será el alcance real de esta amenaza. Debe recordarse que otra marca china, ZTE, se enfrentó recientemente a otro veto similar, y consiguió esquivarlo tras llegar a un acuerdo económico. Ahora bien, sea cual sea el desenlace en el caso de Huawei, sería un error considerar que solo los usuarios de esta enseña, por numerosos que sean, están amenazados. Una escalada de aranceles o prohibiciones supone un grave problema en un sector tan fuertemente globalizado como es el tecnológico. Marcas estadounidenses como Apple montan infinidad de piezas chinas en su terminales; de hecho, solo Corea del Sur muestra cierta independencia con respecto a los componentes del gigante asiático. En otras palabras, es posible que multitud de artículos electrónicos vean incrementarse sus precios un 15 por ciento, con el golpe que eso supondría en un sector tan importante para el consumo interno. Un escenario así todavía es una hipótesis, pero eso no significa que el caso Huawei resulte ahora inocuo. La rapidez con la que las empresas estadounidenses se pliegan a las prohibiciones de Trump, pese a los contratos a los que vinculan sus servicios, crea una inseguridad jurídica de efectos difíciles de calcular.