El Gobierno no quiere mostrarse paralizado tras el rechazo de los Presupuestos y la convocatoria de elecciones. Es más, busca aprovechar el margen de poco más de dos meses, en el que aún tiene iniciativa legislativa, para abordar el que ha sido uno de sus objetivos predilectos desde el triunfo de la moción de censura.
Se trata de desactivar el núcleo mismo de la reforma laboral de 2012. Es imposible referirse de otro modo al afán de volver a dar primacía a los convenios sectoriales frente a los de empresa, o de acabar con la limitación de un año en la vigencia de convenios ya caducados (la llamada ultraactividad). Desde la entrada en vigor de la reforma, varios aspectos de ella han sido muy matizados en los tribunales, sobre todo los referentes a las condiciones en que puede desarrollarse un ERE.
Sin embargo, sus verdaderas líneas maestras, antes mencionadas, se han mantenido, lo que contribuyó decisivamente a la fuerte creación de empleo del último lustro. Lo que ahora pretende el Ejecutivo es precipitar la transformación de unas disposiciones legales tan importantes, a través de un procedimiento muy cuestionable. No en vano se trataría de lanzar una negociación exprés con los agentes sociales (en la que ya se prevé que el desacuerdo de la patronal no paralizaría el proceso) para lograr su aprobación en un órgano parlamentario interino, como es la Diputación Permanente del Congreso.
Pero aún más grave es el hecho de que la desactivación de la reforma laboral amenaza con privar a las empresas de una flexibilidad que fue clave, no sólo para mantener y crear empleo, sino incluso para permitir su supervivencia en la crisis. Se trata de un paso muy arriesgado, ahora que el mercado laboral vuelve a mostrar signos de agotamiento.
