La última EPA de 2018 revela el vigor con el que se reanimó la creación de empleo público el año pasado, al arrojar 136.000 nuevas plazas. No es casual que el 65% de esos puestos de trabajo corresponda a las autonomías y que una parte importante de ellos haya surgido en el último trimestre, en vísperas de las elecciones del próximo mes de mayo.
Sin embargo, más difícil de aclarar resulta el hecho de que uno de los territorios que no tienen previsto celebrar comicios este año, Cataluña, cope la mitad del total de la creación de empleo público de 2018, con 67.500 puestos.
A la hora de reclamar argumentos, sin duda, corresponde a la Generalitat la mayor responsabilidad. Aunque la estadística no discrimina entre Administraciones, es sabido que la estructura propia del Gobierno autonómico es la que más personal emplea en este territorio.
Además, tanto el Estado como la Federación Española de Municipios aseguran que su creación de puestos de trabajo en Cataluña no fue significativa durante el año pasado. Pero aún existen más razones que urgen a que la Generalitat dé una pronta aclaración. Hasta diciembre pasado, el grueso de los recursos de los que ha dispuesto la Generalitat para llevar a cabo todas sus políticas procedieron del FLA, de modo que su deuda con el Estado asciende a 70.000 millones.
Además, aunque ya se desconectó del Fondo de Liquidez, Cataluña seguirá recibiendo recursos en condiciones favorables de la Administración central a través del mecanismo llamado de Facilidad Financiera. Por tanto, el president Quim Torra debe explicar por qué es necesario ese incremento de la plantilla de la Generalitat, máxime cuando se ha contribuido a él con fondos procedentes del Estado.