Madrid
Los documentos del excomisario Villarejo no sólo revelan cómo el presidente de BBVA en 2004, Francisco González, ordenó una campaña masiva de espionaje, para defender su puesto frente al intento de Sacyr de controlar el banco. Los papeles revelan también las maniobras, igualmente condenables del otro bando en lo que fue un auténtica guerra sucia.
No merece otro calificativo la actitud del exjefe de la Oficina Económica de Moncloa, Miguel Sebastián, quien envió dossieres a inversores de BBVA en las que insinuaba amenazas en caso de que respaldaran a González. Resulta intolerable que un cargo público se involucre de ese modo en una operación empresarial, pero lo es más aún que ejerza presiones sobre inversores privados.
