La inflación prevista para 2019 será moderada, al estar en torno a la actual, el 1,7%. Pese a que se trata de un nivel reducido, los Gobiernos autonómicos y municipales ya se afanan para que no tenga ninguna influencia en las facturas de servicios básicos como el agua y el gas.
Con la idea de obtener un buen resultado en los comicios de mayo, estas Administraciones también vetarán encarecimientos del transporte público, independientemente de cómo evolucione la cotización del crudo.
Unas medidas intervencionistas así entrañan sus peligros. Pueden distorsionar el rol que los precios desempeñan, como termómetros de la eficiencia con la que funciona un determinado mercado, al mismo tiempo que incrementa las cargas para el erario público.
