Los Presupuestos para 2019 se hallan en completa parálisis, desde que los partidos secesionistas se negaron a negociarlos. En este contexto, el Gobierno se afana en buscar vías, ajenas a las Cuentas, para aumentar los ingresos fiscales y financiar los 5.000 millones de gastos que ya ha anunciado, aunque presentan sus insuficiencias.
Crear nuevos tributos con proyectos de ley específicos (como se pretende con la tasa Google) tropieza con un largo trámite parlamentario que se alargará más si se adelantan las elecciones. Por su parte, insertar alzas fiscales en leyes limitadas a un determinado sector puede funcionar con tributos muy especializados.
Así ocurre con el gravamen del diésel, que el Gobierno planea incluir en la Ley de Cambio Climático, pero de nada sirve para las alzas del IRPF o Sociedades que el Ejecutivo también persigue.
Por eso, la solución idónea parece estar en una 'ley ómnibus', creada ad hoc para aglutinar todas estas medidas. A priori, sólo presenta ventajas, ya que necesita mayoría simple para aprobarse en el Congreso, donde los secesionistas evitarían comprometerse con la totalidad del Presupuesto, pero podrían apoyar medidas puntuales. Ahora bien, las leyes-paraguas presentan sus dificultades. Se limitan a dotar de un marco común a normas heterogéneas que luego necesitan de sus propios reglamentos para implementarse.
Con PP y Ciudadanos dominando órganos clave como la Mesa del Congreso ésa se antoja una tarea compleja. Por otro lado, está por verse qué apoyos concitan medidas como elevar el IRPF (que PDeCAT aún rechaza). La 'ley ómnibus', por tanto, tampoco tiene garantías de prosperar. Siguen así en pie las dudas que Bruselas expresó acerca de cómo se controlará el déficit.