Madrid
La contratación pública en carreteras acumula un año de casi completo estancamiento. Esta situación puede sorprender, si se considera que la actual recuperación económica parecía ofrecer la base perfecta para que esta inversión se reactivara.
Sin embargo, el Estado se topó con dos obstáculos imprevistos. Por un lado, el cambio de Gobierno frustró las intenciónes del actual Ejecutivo de poner en marcha en julio su plan extraordinario de inversión en carreteras. En segundo lugar, la entrada en vigor en marzo de la nueva Ley de Contratos del Sector Público provocó más problemas de los esperados. No en vano, plantea exigentes limitaciones a procedimientos tan usuales en las infraestructuras viarias, sobre todo en las obras de conservación, como el sistema de precios contradictorios.
Fomento está en condiciones de lanzar nuevos contratos en el sector por valor de 3.000 millones
Fomento, sin embargo, se afanó en buscar acuerdos con Hacienda y con la Abogacía del Estado y este conflicto se encuentra prácticamente solucionado. Gracias a ello, el Ministerio está en condiciones de lanzar nuevos contratos en el sector, cuyo valor total ronda los 3.000 millones de euros. La mayoría (1.700 millones) se licitarán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, pero el resto lo harán a través de la recuperación de varios proyectos del plan de carreteras del anterior Gobierno.
Esta iniciativa, basada en la colaboración público-privada, despertó gran interés entre las constructoras y los fondos de inversión; en consecuencia, el actual Ejecutivo acierta al hacer suya parte de esta idea. Resulta necesario utilizar recursos como éste para poner fin a la ya demasiado larga parálisis que ha sufrido, desde el inicio de la crisis, una labor tan fundamental como el mantenimiento y la ampliación de la red viaria española.
