El Gobierno propone a los sindicatos la supresión de dos puntos clave de la reforma laboral de 2012: la primacía de los convenios de empresa sobre los sectoriales y la limitación de la vigencia de los convenios caducados más allá de un año (la llamada ultraactividad). De hecho, son los dos únicos puntos que mantienen su plena aplicación después de que los jueces hayan matizado mucho el desarrollo de la reforma en otros aspectos, como la regulación de los ERE.
Por tanto, anularlos supondrá la derogación de facto de una norma que se mostró beneficiosa para el mercado laboral. Pero, además, la pérdida de flexibilidad que para las empresas puede suponer volver a supeditarlas a los convenios sectoriales amenaza seriamente su capacidad de crear empleo.