Continúa la incertidumbre sobre cómo se concretarán los planes de alzas fiscales del Gobierno y Podemos. Pero está claro que ven prioritario actuar sobre Sociedades, situando su tipo mínimo efectivo en el 15% para grupos consolidados y el 18% para bancos. Las entidades españolas anticipaban un escenario como éste y elevan el pago de impuestos en 2.150 millones más hasta septiembre. Tributaron así a un tipo superior a ese 18% que puede exigírseles en el futuro.
Ahora bien, para llegar a esos niveles, los bancos tienen que congelar sus activos fiscales diferidos (los DTA). Consisten en derechos a deducciones fiscales que Hacienda reconoce con objeto de que se hagan efectivas en el futuro. No son privilegios, ya que se derivan de las cuantiosas pérdidas en que el sector incurrió durante la recesión, por la mayor exigencia de provisiones o por onerosas operaciones como la necesaria absorción de entidades más débiles.
Los DTA suman aún 60.000 millones y su conservación no sale gratis, ya que exige a los bancos pagar una tasa del 1,5%. Pero, además, el coste que para las entidades supone mantener estos créditos fiscales inactivos crece, si se considera que les resultarían muy beneficiosos en una situación como la actual.
Al hecho de que el negocio crediticio apenas se recupera, se une la subida de sus costes que se avecina, con el fallo que el Supremo hará público hoy y que previsiblemente cargará a los bancos con el pago del impuesto de las hipotecas. No es razonable pedir a estas firmas que renuncien indefinidamente a unas deducciones fiscales plenamente legítimas. Pero las alzas fiscales que se avecinan reducen gravemente el margen para poder usarlas.