El Supremo se pronunciará dentro de 10 días sobre quién pagará el Impuesto de Actos Jurídicos (el cliente o los bancos) y es previsible, según la instrucción que esta materia ya acumula, que las entidades asuman la carga en las nuevas hipotecas.
Con todo, la cuestión realmente conflictiva concierne a la retroactividad de la decisión. Todos los escenarios parecen abocar a un prolijo conflicto. Resulta difícil que los bufetes que hacen del enfrentamiento con la banca su modus vivendi se conformen con una retroactividad que no sea total, y es posible que recurran a los tribunales europeos.
Es más, incluso en el caso más razonable (que las devoluciones se sujeten al límite máximo de cuatro años que establece la legislación fiscal), hay posibilidad de que las autonomías, las Administraciones que ingresan este impuesto, hagan los pagos pero luego reclamen a la banca. En este caso, serían las entidades las que estarían en su derecho de defenderse ante la UE.
En todo caso, la experiencia en litigios como el propio de las cláusulas suelo da sobradas muestras de los largos plazos con los que actúa el Tribunal de Luxemburgo. Por ello, la banca evidencia con sensatez al prepararse para un conflicto prolongado.
Ahora bien, el verdadero problema no es la duración de los procesos, sino la excesiva litigiosidad que, en los últimos años, pesa sobre el mercado hipotecario e inmobiliario. Casi todo en él se ha puesto ya en cuestión, desde las condiciones financieras que fijan los contratos, hasta el reparto de costes entre los interesados pasando por todo tipo de impuestos (Actos Jurídicos, plusvalía municipal...). En estas circunstancias, urge que la reforma de la Ley Hipotecaria, que vuelve a retomarse en breve, deje de acumular retrasos y aclare las reglas de juego.