Los mercados comienzan a mostrar lo que parece evidente: la economía sufrirá un frenazo durante el año que viene. Las caídas de las bolsas en torno al 10 por ciento en Europa y de más del 20 por ciento en Asia son un mal presagio. Las crisis bursátiles suelen adelantar el comportamiento de la actividad económica entre seis meses y un año. Los descensos, si no se recuperan en la recta final de año, apuntan a que 2019 sería un año de transición hacia un período de contracción de la economía.
Me produce sorna el optimismo que dibuja el Gobierno en sus pronósticos macroeconómicos, que apuntan hacia una ligera desaceleración, que dejaría el crecimiento en torno al 2,5 por ciento el próximo año. La visión de Alicia en el País de las Maravillas no encaja con la realidad. Las promesas sociales y de mejores prestaciones públicas como las pensiones, tarde o temprano se acabarán dando de bruces con los hechos.
La mayoría, a partir de ahora, serán pobres de solemnidad y declararán menos de quinientos euros de ingresos mensuales para tener pensión, desempleo y baja por enfermedad gratis total
Esta semana la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, anunció una mejora generalizada de las prestaciones de los autónomos por solo 18 euros más al mes en la cuota mínima de cotización, el precio de un menú diario. Por esa módica cantidad, los autónomos podrán tener seguro de desempleo, baja por enfermedad y una pensión mejorada. Un bonito deseo prenavideño, que teñirá de más números rojos los 7.400 millones de déficit que arroja ya el régimen de autónomos de la Seguridad Social.
El presidente de UPTA, Eduardo Abad, no contento con la medida pide, además, que los que declaren ingresos por debajo de la mitad del salario mínimo queden exentos de cotizar a la Seguridad Social. ¿Cuál será el resultado si Valerio acepta la petición del sindicato socialista? Que la mayoría, a partir de ahora, serán pobres de solemnidad y declararán menos de quinientos euros de ingresos mensuales para tener pensión, desempleo y baja por enfermedad gratis total.
La cuestión es: si la administración pone en marcha estas y otras concesiones, ¿cuánto tardará en quebrar la Seguridad Social? A duras penas llegaremos al final de la siguiente legislatura. El propio secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granados, calculó en cinco años el aguante de las cuentas públicas. A partir de 2023 se jubila la generación del 'baby boom' .
El fin de las etapas expansivas sirve para limpiar las burbujas, en esta ocasión creada tras una larga década de bajos tipos de interés, lo que frenará indudablemente la actividad y sembrará incertidumbres
Un estudio de Fedea, un instituto de estudios ligado al Banco de España, encabezado por su director ejecutivo, Ángel de la Fuente, advirtió esta semana de que con la subida de las pensiones aprobada en el Congreso, que supondría eliminar el factor de sostenibilidad, se duplicará la deuda pública de aquí a 2070. Es decir, pasaría del cien por cien sobre el PIB al doscientos por cien, una cifra imposible de financiar. Esa es la verdad y no la que cuentan los políticos.
Una de las reglas insalvables en economía es la duración de los ciclos económicos. El fin de las etapas expansivas sirve para limpiar las burbujas, en esta ocasión creada tras una larga década de bajos tipos de interés, lo que frenará indudablemente la actividad y sembrará incertidumbres.
Los anuncios de mayores y mejores prestaciones sociales no podrán financiarse adecuadamente. El dinero es un bien escaso y lo será aún más en los próximos años.
El Gobierno corre, por tanto, el riesgo de que toda su generosa oferta de medidas sociales salte por los aires ante un empeoramiento de la situación económica y una subida del desempleo. Y buena parte de la población acabará dándose cuenta, tarde o temprano, del engaño, aunque sea ya demasiado tarde.
Aún es más sorprendente la utilización que algunos miembros del Ejecutivo hacen del fallo de las hipotecas, que amenaza con cargar a la banca el coste del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) a la banca. La ministra de Defensa, Margarita Robles, magistrada de profesión, calificó de insólito que el juez de la Sla tercera del Supremo, Luis Díez-Picazo, solicitara tras el fallo la convocatoria del pleno del próximo 5 de noviembre.
El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, pidió disculpas el jueves por la confusión creada por este asunto, pero aclaró que los jueces no se reunirán para cuestionar el fallo de la Sala tercera, sino para acotar en qué circunstancias debe ser de obligado cumplimiento. En este aspecto, la duda más importante recae sobre la retroactividad. Es decir, desde qué año es aplicable, ya que la directiva comunitaria que puso en duda que el pagador sea el cliente y no el banco es de 1993 y el Código Civil permite retrotraerse hasta quince años.
La banca es como la sangre para el cuerpo humano, permite mantener en marcha el flujo monetario y el funcionamiento del sistema nervioso, como se demostró en la última gran crisis
Obviamente, exigir a los bancos toda esa cantidad de dinero (las cifras llegan hasta 20.000 millones de euros) podría causar un grave quebranto del sistema financiero. Sobre todo, para las entidades de menor tamaño o que desarrollan su actividad en España.
La banca es como la sangre para el cuerpo humano, permite mantener en marcha el flujo monetario y el funcionamiento del sistema nervioso, como se demostró en la última gran crisis. Ponerla en duda, puede ocasionar un efecto dominó sobre las empresas y los particulares, que vean restringida la concesión de créditos o abocar a una brusca caída de la actividad.
Pero, además, estimados señores del Gobierno, la hipoteca es un producto popular, que utiliza casi el noventa por ciento de la población para acceder a una vivienda. En los países nórdicos, estos porcentajes caen casi a la mi-tad, por las trabas y los mayores costes que tiene su concesión.
Algunas entidades, como Caixabank e Ibercaja, han encarecido ya los créditos hipotecarios. Lesmes hizo bien al convocar el pleno del Supremo. No es cierto que hubiera presión por los bancos. Es urgente aclarar y delimitar con exactitud el fallo para acabar con la inseguridad jurídica.
El Santander y BBVA son los dos bancos más negociados de toda Europa en el Euro-stoxx. Los inversores internacionales son los principales accionistas de los bancos españoles. La falta de seguridad provocó una estampida de miles de millones, que podría agravarse. A esto se refería Lesmes, cuando justifica la convocatoria del pleno por la alarma social, aunque no supo explicarlo. Un fallo desproporcionado reducirá la valoración de los activos bancarios y podría obligar a algunos a cometer amplia- ciones de capitales para lograr mantenerse a flote.
De todas maneras, sea cual sea el fallo del Tribunal Supremo, la banca tiene una ardua batalla judicial por delante, ya que por la vía civil los damnificados intentarán que Europa califique estos pagos como abusivos. Aunque eso llevará aún varios años hasta que se pronuncia el Tribunal de Estrasburgo, como ocurrió con las cláusulas suelo. Por eso es tan importante la clarificación de la sentencia en el Supremo.
En las críticas de Robles también podría haber influido la cercanía de la campaña para la renovación de la presidencia del Supremo. Peores aún fueron las declaraciones de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, quien amenazó a la banca si recurría en los tribunales las cláusulas suelo, un derecho legítimo de cualquier sujeto.
Sería de agradecer un acto de responsabilidad por parte del Gobierno. Nos jugamos mucho con el fallo del Alto Tribunal. Con una deuda pública desbocada, un déficit que en los próximos meses puede bordear la frontera del 3 por ciento y una economía en retroceso, creo que tenemos ya bastantes hipotecas como para lanzar un ataque furibundo a la banca.
La clausura de ambas factorías mejora la eficiencia del sistema, reduce el déficit de tarifa y la factura a pagar por CO2, una de las causas que están detrás de la decisión
PD.-Los cierres de plantas de Alcoa en Asturias y Galicia destaparon las diferencias de sensibilidades entre las ministras de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y de Industria, Reyes Maroto. Ribera había echo caso omiso a los SOS de la multinacional por los altos precios de la energía. En realidad, la clausura de ambas factorías mejora la eficiencia del sistema, reduce el déficit de tarifa y la factura a pagar por CO2, una de las causas que están detrás de la decisión, ya que el coste se duplicó en el último año. Maroto será la encargada de defender el tejido industrial y de revertir los cierres, un golpe para el tejido productivo e industrial. La búsqueda de cualquier comprador exigirá la colaboración de Ribera en el establecimiento de un marco más es- table en los precios de la energía. Corremos el riesgo de que Alcoa sea la primera de una fila de empresas que inicien el camino de la desinversión.
