Madrid
El borrador presupuestario que el Gobierno ya remitió a Bruselas dibuja un 2019 muy complicado para la Seguridad Social. Esta Administración ya arrastra un déficit récord, pero el Ejecutivo se muestra dispuesto a expandir su gasto, con un desembolso extra de 4.850 millones. Ese coste se deriva, en primer lugar, del compromiso ya contraído por el anterior Gobierno de elevar las pensiones un 1,6% este año y el próximo.
Pero se han sumado otras decisiones que alimentan aún más el gasto, como establecer una paga compensatoria si el IPC de 2018 supera ese 1,6%, recuperar el subsidio para parados mayores de 52 años o la extensión del permiso de paternidad. A todo ello, se une la propuesta del Pacto de Toledo de volver a garantizar las pensiones a la "inflación real" (un indicador que puede ser superior al IPC convencional).
Por si fuera poco, en los próximos años se jubilará la generación del baby boom, lo que situará a la Seguridad Social en una situación todavía más crítica. Ante estas circunstancias, el Gobierno se afana por crear nuevos impuestos o elevar los ingresos por cotizaciones, con pasos como aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
El impacto recaudatorio estas medidas es muy limitado y amenazan con elevar los costes de las empresas
Sin embargo, el impacto recaudatorio de medidas como éstas es muy limitado (apenas 1.700 millones en el caso del SMI) y, lo que es más grave, amenazan con elevar los costes de las empresas y su capacidad de crear empleo, lo que restará aún más recursos a la Seguridad Social.
Por tanto, lo que esta Administración requiere no son nuevas promesas electoralistas de gasto, sino reformas que racionalicen ese desembolso, al tiempo que se evitan medidas que lastren el crecimiento (como subir los impuestos). De lo contrario, su sostenibilidad será imposible.
