La calificación no se refiere, específicamente, al actual Gobierno de Sánchez, sino a quienes manejan, regulan, administran y deciden nuestras pensiones que, desde el franquismo, son las autoridades políticas, a las que, en democracia y para darle una apariencia más ecuánime -no liberal-, se han añadido otros grupos de presión, también políticos hace tiempo, aunque se trate de organizaciones privadas cuyo origen y desempeño es otro bien diferente, pero ahora desplazadas hacia la búsqueda y extracción de rentas; me refiero a las organizaciones sindicales y patronales.
Los últimos acontecimientos y declaraciones inquietan, más si cabe, el futuro de las pensiones. Tanto el secretario de estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, persona sobradamente versada en la materia, como la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, declararon, con la insistencia acostumbrada por los gobernantes durante las últimas cuatro décadas, que la sostenibilidad del sistema de pensiones públicas, en su estado actual, está garantizada. Lo mismo y con la misma contundencia afirmaron sucesivamente quienes han gestionado, administrado y distribuido nuestras pensiones desde los años ochenta, y siempre engañaron.
Engañaron porque, para hacerlo sostenible, fueron cambiando todo tipo de condiciones que estaban estipuladas en y por el propio sistema de reparto: edad de jubilación; condiciones de acceso y derecho al cobro, incluido el tiempo mínimo de cotización; cuantías de la primera pensión; revalorización de las pensiones; años cotizados; e incluso la tasa bruta de sustitución o reemplazo (proporción del último salario que constituye la primera pensión de jubilación), que en España es de las más elevadas de Europa, pues para un salario medio ronda el 80 por ciento. Así pues, la "sostenibilidad" del sistema se va logrando recortando prestaciones y endureciendo condiciones. Lo que, precisamente, demuestra su insostenibilidad.
Llama la atención que, en una de las manifestaciones de pensionistas en Bilbao, había entre los manifestantes gente joven que afirmaban estar allí porque, aunque ellos no eran pensionistas, lo serían en el futuro y esperaban (cito de memoria) poder cobrar una pensión digna, en relación con lo que contribuían. Da auténtica lástima, porque la gente no se entera, ni quiere enterarse, de que el sistema financiero de reparto sobre el que se sustenta el actual sistema de pensiones consiste en que la contribución de cada uno, en cada momento, no tiene relación alguna con lo que cobre o vaya a cobrar en el futuro en forma de pensión. Ni siquiera vale el argumento de su carácter contributivo. Porque dicha contribución establece un derecho de acceso y cobro al sistema que no es tal, sino supuesto.
Supuestamente a que exista un número o cuantía suficiente de contribuciones, en el momento de jubilación, que permitan pagar las pensiones, no ya en las condiciones establecidas durante la vida laboral o contributiva del pensionista, que como hemos visto se han alterado sistemáticamente, sino en unas condiciones mínimamente aceptables en ese momento. Pero, además, con la normativa actual, hay personas que han contribuido menos de 15 años (aunque sean 14 años y 11 meses), que no tendrán derecho a pensión contributiva, a pesar de su contribución. Para estos, ni siquiera suposición y directamente al sistema asistencial.
Tienen razones los pensionistas para quejarse pues ni siquiera la pensión máxima es para echar cohetes, según dónde se viva o sea la situación del pensionista, incluyendo personas dependientes. Pero no la tienen en sus argumentos basados en los recortes, porque incluso aunque hayan perdido poder adquisitivo en 2017 y 2018, no así en los años duros, también perdieron con la crisis trabajadores y empresarios (no todos, pero sí muchos), y en mayor medida que pensionistas o funcionarios. Además, los pensionistas deben considerar también otros activos acumulados y todos debemos mirar por el futuro del sistema de pensiones, algo que debería ser prioritario.
Yerra la ministra de Trabajo cuando afirma que las pensiones en España no tienen un problema de gastos, sino de ingresos e inmediatamente a continuación asegura que los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social están aumentando este año, igual que aumentaron en 2017, pero el déficit del sistema sigue, ahora en unos 23.000 millones. Y con la revalorización de las pensiones a la tasa de inflación el gasto será mayor.
Por cierto, no se revalorizan según el IPC, sino según su tasa de variación y, desde luego, no sé qué significa el IPC "real" del que hablan en el Pacto de Toledo, pues se trata de un número índice. Más acertada es la propuesta de su secretario de estado, Sr. Granado, que incluye diversos factores a tener en cuenta (crecimiento del PIB, ingresos o déficit del Estado, cotizaciones, precios, etc.), como el sistema que intentó y aplicó el anterior Gobierno del PP, aunque mejorable.
Pero ningún grupo político pretende o desea reformar de verdad las pensiones (separar las fuentes de financiación y pasar partidas a otros apartados del Presupuesto no resuelve per se el problema de fondo, salvo que se acompañe de reformas).
El Gobierno está en clave de postureo electoral y el centro derecha teme que lo lapiden con el esperpento de "privatizar y quitaros las pensiones", como si lo malo fuera que las pensiones contributivas estuviesen en manos de sus dueños legítimos, cada trabajador individual, y se capitalizasen para la cobertura de su futura jubilación, en lugar del ilícito, tramposo y estafador sistema piramidal de reparto que nos impone el poder. Y las pensiones asistenciales u otras específicas, con cargo a presupuestos, que también para eso pagamos los ciudadanos impuestos. ¡Ah! Y vigilar y reducir gastos públicos, tamaño de las AAPP., que es donde están los problemas de ineficiencia y corrupción.
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