Hemos entrado en el momento adecuado para conmemorar el 40 aniversario del nacimiento de la vigente Constitución. Simultáneamente, una serie de intelectuales ha pasado a estudiar aspectos políticos, sociales, internacionales vinculados a este documento esencial, pero también interesa analizar lo que la Constitución de 1978 ha generado desde el punto de sus consecuencias económicas.
En este sentido es necesario tener en cuenta que España, una vez rota su realidad imperial a partir de 1808, había procurado crear una realidad económica nacional que se adaptase además al fortísimo desarrollo económico que tenía lugar en el mundo como consecuencia de la Revolución Industrial.
Después de una serie de vacilaciones tras el reinado de Isabel II, y la etapa de 1868 a 1873, se puso en marcha un modelo que todos los regímenes políticos, desde esa fecha hasta 1957, aceptaron como fundamental. Pero, a partir de esa fecha en lo económico todo ha cambiado, con resultados además muy favorables para el conjunto del desarrollo económico español.
Y esa realidad expansiva, tras salvar la crisis económica que amenazó, mas de lo que podemos imaginarnos, el inicio de la Transición, fue superada, precisamente a partir de los iniciales debates para desarrollar el cambio iniciado a partir de la Ley de Asociaciones Políticas aprobada por las Cortes en junio de 1976.
La base de la formación de unas nuevas Cortes fue fundamental, porque se convirtieron éstas, de inmediato, en Constituyentes y, debo subrayar que en la Vicepresidencia de Asuntos Económicos de un nuevo Gobierno apareció Enrique Fuentes Quintana. Años después, él va a indicar que se vio obligado a superar el triple escollo del choque generado por la subida de los precios del petróleo, por una crisis bancaria colosal y por una situación de violencia social extraordinaria.
La superación de estos escollos, y su liquidación doctrinal en grado incluso máximo, se debe al profesor Fuentes Quintana. Su acción tuvo dos aspectos. De una parte, desde Televisión Española, con una intervención científicamente perfecta y, además, expuesta de modo magistral para que fuese entendida por los oyentes, explicó a los españoles la gravedad de la situación económica existente. Pero, además, pasó a reunirse con dirigentes sindicales -yo le acompañé a alguna de esas reuniones - para exponerles no sólo la situación, sino el porqué del cataclismo si se llevaba adelante el programa defendido por Sartorius.
Lo ratificó todo en un magnífico discurso en las Cortes. Pero, por otra parte, consiguió, y aquí reside el papel histórico de Manuel Lagares, que era entonces su segundo, que admitiesen esos puntos de vista de Fuentes Quintana un conjunto de economistas clave de aquellos partidos políticos que habían pasado a tener una mayor fuerza parlamentaria.
Estos economistas fueron, en principio: por la Unión de Centro Democrático, Mariano Rubio; por el Partido Socialista Obrero Español, Carlos Solchaga; por el PSC, Ernest Lluch; por el Partido Comunista de España, Julio Segura y Ramón Tamames, y el primero con un espléndido artículo en Nuestra Bandera; por Alianza Popular, Guillermo Piera.
El único que no resultó convencido fue Manuel Sánchez Ayuso, del Partido Socialista Popular (PSP), que capitaneaba Tierno Galván, en una cuestión concreta: la necesidad de introducir medidas para la flexibilización laboral.
Del proyecto tuvo conocimiento la Fundación Ebert, vinculada al Partido Socialdemócrata alemán y muy influyente en aquellos primeros pasos del PSOE. En Guillermo Piera se basó Fraga para no dar pasos ajenos al planteamiento de Fuentes Quintana.
Esa oposición la aconsejaba entonces López Rodó, pero la línea Fuentes-Piera-Fraga se impuso. Además, en Convergencia i Unió fue claro el papel de Trías Fargas en favor de la doctrina de Fuentes Quintana, y eso influyó en el Partido Nacionalista Vasco.
Todo esto, que muy directamente presencié o lo escuché oralmente de sus protagonistas, constituyó la base adecuada sobre la que se edificó el Pacto de La Moncloa, que respaldaba, de modo contundente, el modelo de economía libre de mercado, con un evidente planteamiento complementario de tipo social, que se debería desarrollar en varios planos.
Así, en el mundo fiscal, por lo que pasaban a ser fundamentales los avances básicos contenidos en las aportaciones procedentes del binomio Monreal-Fuentes Quintana, y su Libro Blanco, continuado por Villar Mir, quien, el 8 de julio de 1976, señalaba el futuro que debía seguirse en ese sentido.
Ese Libro Blanco, con el título Sistema Tributario español. Criterios para su reforma, había sido "editado y presentado" al Go-bierno en el último Consejo de Ministros de Arias Navarro, cumpliendo el encargo y respondiendo al compromiso asumido por su presidente ante el país, el de dar inicio a esta obra en plazo determinado.
El objetivo era completar un planteamiento de economía liberal de mercado con la consolidación del Estado de Bienestar. Y estas líneas se incorporaron, como básicas, a la Constitución de 1978.
Todo ello logró que prosiguiese el progreso logrado en la economía española desde 1956, que al inicio de 1977 era preciso calificar de espectacular. Basta decir que el PIB por habitante se había multiplicado por 2.7, o sea, que se había casi triplicado, y eso había tenido lugar con un amplio desarrollo de la economía libre de mercado, incluyendo el notable papel desempeñado por las inversiones empresariales extranjeras, atraídas por las nuevas condiciones del mercado español. Por tanto era evidente lo favorable de todo un conjunto previo de planteamientos derivados de la existencia de esa economía de mercado.
Los partidos de centro-derecha no era posible que dejasen de señalar esto, y asimismo lo impulsaban dos hechos. Por una parte, en el ámbito internacional, la creciente difusión del avance de la economía alemana, con un modelo de economía social de mercado que, además, con el final de la Guerra Fría, acabó por convertirse en algo así como el modelo adecuado para el mundo occidental.
Por otra, simultáneamente, se unió que economistas de muy alto prestigio señalaban que ése era el camino adecuado. En España se había comprobado esto en los debates habidos para alcanzar el Pacto de La Moncloa.
Las más lejanas raíces en España las encontramos nada menos que en 1941 y años inmediatamente siguientes, a partir de una nota de Valentín Andrés Álvarez en la Revista de Estudios Políticos en la que alude a la importancia de la posición de Eucken y, por ello, de la Escuela de Friburgo, la cual, muy dispar en mil aspectos del nacionalsocialismo, mantenía estos puntos de vista.
Simultáneamente, surgen esos planteamientos cuando todas las fuerzas espirituales alcanzan la máxima tensión dirigidas hacia un solo punto. La necesidad es la madre de los inventos, y así, también el empresario se convierte, por sus angustias, en inventor y descubridor dentro de su esfera.
Por otra parte, la Escuela de Friburgo, por el importante peso que en esa Universidad de Friburgo de Brisgovia tenía el pensamiento de la Iglesia católica, señalaba que el proceso económico de un país de ningún modo debería herir la dignidad de la persona humana.
Estas posturas doctrinales son los que yacen en la denominación que su modelo recibía, con el nombre de "economía social de mercado". Precisamente buena parte, por ejemplo, de la legislación laboral desarrollada sucesivamente en España por todos los regímenes políticos, desde la Restauración hasta aquellos momentos, respondía a su defensa.
También deberían salvarse ciertos valores colectivos. Debo añadir que en clase, y quizá por recordar su origen, nos señalaba el citado Stakelberg: "Aunque fuese desde el punto de vista de la localización económica el lugar más adecuado, para instalar una fábrica de cemento, un solar situado ante la catedral de Colonia, debería impedirse por los poderes públicos, porque el acceso y la contemplación de su neogoticismo y su empleo por los fieles, no puede quedar sometido a la libertad del mercado".
Además, los planteamientos de los sistemas fiscales no eran neutrales. Podían favorecer de una u otra manera a unos y perjudicar a otros y esto hacerse olvidando que si los impuestos recaen fundamentalmente sobre los más pobres, el mundo de la Hacienda puede llegar a crear condiciones que atentan precisamente a la dignidad de las personas de menor renta. Y, simultáneamente, ciertas medidas, como las que se adoptan contra el desempleo, o en favor de una mayor y general atención sanitaria, o en el terreno de la educación, favorecen la dignidad del colectivo ciudadano.
Eran, como ratificación de esto, los tiempos en los que se superaban planteamientos desarrollados hasta entonces y que pasaban a coordinarse en lo que, desde noviembre de 1942, se llamó en Inglaterra búsqueda, como objetivo, del Estado de Bienestar. En efecto, la propaganda del bando aliado lo señalaba como opuesto al Estado "bélico" que trataba de generalizar Hitler desde Alemania.
Todo ello eran señales en favor de posturas acordes, que se relacionaban con un sistema que planteaba la Iglesia católica, aparte de muchas otras instituciones del mundo occidental. Por ejemplo, como enseñaba la denominada ley de King, la función de de-manda de bienes agrícolas destinados a la alimentación es muy rígida; en cambio, la función de oferta, como consecuencia de lo variable que suelen ser las cosechas por mil motivos, es extraordinariamente cambiante.
Ello origina que una gran cosecha, dentro del planteamiento de libertad absoluta del mercado, hunde siempre las rentas de los agricultores, con desdoro, por un lado, para su dignidad, y por otro, con riesgos de que abandonen esas explotaciones con consecuencias mucho más penosas que las que, por el incremento de la población, señalaba Malthus.
Todo lo indicado hasta aquí se albergaba en ese modelo que se denomina de economía social de mercado, y es lo que nos encontramos recogido en la Constitución de 1978, en los siguientes textos que paso a transcribir sucesivamente.
Casi con humildad, pero de modo categórico, aparece la base de la economía libre de mercado, recogida en la Constitución en el artículo 38, donde se lee: "Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación." Y el complemento obligado es el artículo 33.1: "Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.
Nadie podrá ser sólo en Europa, sino también en un proceso creciente de globalización.
Mateo Lisón y Viedma, ante las medidas de Olivares, escribe en su Desempeño de Rey y apuntalamiento para su gobierno, en 1623, que cuando existen dificultades (como eran las que reinaban en el periodo inicial de la Transición) el modo de superarlas era "mostrar que no es tiempo de hacer remedios con paños blandos, sino con tejas duras".
Creo que ese mensaje es el que ha permitido que, cuarenta años después, los modelos económicos que yacen en la Constitución de 1978 continúen orientando de modo acertado la política económica española.
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