El Pacto de Toledo recomienda separar las fuentes de financiación de la Seguridad Social. De llevarse a cabo implicaría que conceptos que no están ligados directamente a las pensiones se sustenten con los Presupuestos.
La Comisión calcula que se deberían aportar unos 23.700 millones. Es cierto que esa medida ayudaría a reducir el déficit de la Seguridad Social. Pero el problema es que ese alza en las cuentas públicas se debe financiar con más ingresos, lo que parece difícil en un escenario de ralentización económica.
Por tanto, la única solución será subir los impuestos. Es obvio que esta medida no es la que se necesita. Resultaría más conveniente que se vuelvan a impulsar reformas que se atrevan a abordar la cuestión de cómo racionalizar el gasto en pensiones.
