El Pacto de Toledo, de cara al exterior, parece estar concentrado en la fórmula de revalorización de las pensiones, la conocida como recomendación 2, con el debate de si se pacta subir el IPC todos los años, o si se modula la subida los años de crisis. Sin embargo, la comisión de trabajo considera, tanto o más importante, establecer mecanismos que aseguren una mayor entrada de ingresos, lo que se conoce como recomendación 1.
Fuentes conocedoras de la negociación señalan que ya existe un acuerdo al respecto recomendando que se incida en la separación de las fuentes de financiación lo que supone que determinados conceptos que hoy son financiados por la Seguridad Social se sustenten con los Presupuestos.
Desde julio, la Comisión baraja un cálculo aportado por ERC que fija en 23.730 millones lo que implican estas partidas al año, el 17% del gasto anual en pensiones, cercano a los 140.000 millones de euros.
Propuesta sin cuantificar
Antes de verano, el Pacto de Toledo cerró un borrador sobre la recomendación que recoge la necesidad de ir traspasando aquellas partidas que hoy se sustentan con fondos de la Seguridad Social pero que no están ligadas directamente a las pensiones que se soportan con las cotizaciones que aportan empresas y trabajadores.
Sin embargo, la recomendación se limita a una propuesta "teórica", sin cuantificar qué partidas y por qué importe habrá que desviar del Presupuesto de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado. Jordi Salvador, diputado de ERC en el Pacto de Toledo y uno de los impulsores del acuerdo alcanzado en la recomendación 1, presentó a la Comisión unos cálculos de cuánto podría supone estos conceptos. Los cálculos arrojan un coste de 23.731 millones sólo en los Presupuestos de 2018.
Una de las partidas más polémicas es la de reducciones de la cotización que determinados colectivos -autónomos, trabajadores mayores de edad, etc.- tienen atribuidos por ley y que permite a las empresas que los contratan rebajar su aportación a la Seguridad Social. Este año la partida suma 1.265 millones. El conjunto de la Comisión del Pacto de Toledo entiende que se trata de una decisión política que debe ser costeada con los fondos que el Ministerio de Trabajo dedica a las políticas activas de empleo, y no ser subvencionado con las cotizaciones de empresas y trabajadores.
Otra partida es el coste de gestión de la Seguridad Social, 3.020 millones este año, de los que 1.834 millones preceden de las Mutuas colaboradoras. En la Comisión también se da por supuesto que las cotizaciones han de dedicarse a pagar las pensiones y no a abonar el salario de los funcionarios.
Pero el mayor volumen procede del déficit entre la aportación y la prestación de los regímenes especiales de los trabajadores del sector agrario, del carbón y del mar, que suman alrededor de 9.000 millones al año.
Salvador explica que el resto de grupos considera la separación de fuentes de una lógica aplastante y ninguno ha expresado su rechazo a las cuentas. No obstante, existen diferencias sobre cómo y en qué periodo se debe ir pasando estas partidas hacia los Presupuestos. En definitiva, recuerda el diputado de ERC, ahora hay una preocupación por corregir el déficit del Estado.
En este sentido, el Partido Popular se ha mostrado reacio, pues no ve claro cómo se puede traspasar a los Presupuestos una cifras que equivalen a 2,3 puntos del PIB. El PSOE se debate entre el deseo de liberar a la Seguridad Social de estos costes y la realidad ante la dificultad de cargar las cuentas públicas con más gastos.
Pero las actuales recomendaciones ya plantean la obligación de ir separando fuentes y pasando a los Presupuestos partidas como por los costes de maternidad. Y todavía siguen en la Seguridad Social, recuerdan fuentes del Pacto de Toledo que ponen de ejemplo los 72.000 millones de deuda histórica que se deriva de la obligación del Estado de haber pagado con impuestos los complementos a mínimos.