Lo más importante es que España esté comprometida con las reformas, no porque lo diga Bruselas, sino porque son buenas para España. Así respondía el pasado jueves a elEconomista el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, durante un encuentro restringido con un pequeño grupo de periodistas con ocasión de su reciente visita a Madrid.
La reflexión del socialista galo aludía a una pregunta sobre la reciente marcha atrás en las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 que el Ejecutivo comunitario avaló en su día y que quedaron desbaratadas por el acuerdo del PP y el PNV para salvar los Presupuestos de 2018.
La salida de la crisis, los años de recortes y sacrificios de una ciudadanía espectadora del mayor goteo de casos de corrupción política de la historia, la presión de la oposición, las movilizaciones callejeras y el firme compromiso del PNV con los pensionistas generaron el caldo de cultivo para devolver a los jubilados la revalorización con el IPC tras un lustro de subidas al 0,25%.
El adiós a ese exiguo aumento es ya un hecho. Tanto es así, que hay unanimidad entre los grupos que conforman el Pacto de Toledo sobre la actualización de las pensiones con el IPC. Sólo difieren en si aplicar en el futuro la inflación a secas o matizarla con algún coeficiente que tenga en cuenta el ciclo económico.
"Apoyaremos las reformas que se propongan siempre que vayan en el sentido de una España más fuerte", añadía Moscovici a su declaración previa. Y ese encargo de crear una economía más fuerte obliga a pensar en cómo compensar el mayor gasto en pensiones, que viene para quedarse, con actuaciones por el lado de los ingresos que reequilibren el Sistema. Máxime cuando ya el propio Gobierno ha reconocido "tensiones financieras" en la Seguridad Social derivadas de la subida al 1,6% pactada para este año.
Son habas contadas, y por mucho electoralismo del que se haga acopio, lo cierto es que -ceteris paribus, al margen de eventuales repuntes del empleo o la productividad- elevar los ingresos pasa por recaudar más dinero del contribuyente y del cotizante, algo que se tornará más impopular cuanta menos información clara tenga el ciudadano del problema de sostenibilidad de las pensiones.
Falta, por tanto, para fortalecer la economía española, como recomienda el comisario Moscovici, que los poderes públicos aborden una campaña informativa seria sobre el problema de las pensiones, como hacen otros países de la OCDE, que además detallan anualmente a cada trabajador cuál será la cantidad que percibirá de jubilado, dato esencial para abordar el ahorro complementario a tiempo.
De lo contrario, se enquistará el desequilibrio y será demasiado tarde para concienciar a la ciudadanía de que sólo hay dos salidas o una combinación de ellas: o unas prestaciones menores o unas exacciones mayores.
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