El Gobierno marca una primera línea roja al programa de subidas de impuestos que Podemos impuso la semana pasada como peaje para apoyar el techo de gasto de 2019 en el Congreso. Hacienda asegura que no transigirá con los dos cambios que el partido morado exige en el IRPF: por un lado, elevar el tipo impositivo de los ciudadanos con ingresos superiores a los 60.000 euros anuales; por otro, eliminar las deducciones de las que se benefician las aportaciones a planes de pensiones privados.
Hay numerosos motivos para rechazar ambas medidas. La desfasada fórmula de castigar fiscalmente a los llamados ricos ya demostró que apenas tiene impacto a la hora de elevar la recaudación. Pero aún más grave es el injusto efecto confiscatorio que supondría elevar el tipo del último tramo del IRPF del 45% actual al entorno del 55% (una persona que declare 300.000 euros pagaría casi la mitad de sus ingresos totales).
En cuanto a los planes de pensiones, desincentivar el ahorro privado complementario es la peor respuesta que se puede dar a la crítica situación en que se encuentra el sistema público de pensiones. Pero, más allá de estos efectos concretos, deben también considerarse los perjuicios que toda alza de impuestos supondría en un entorno económico como el actual, en el que el consumo interno y la inversión muestran claros síntomas de desaceleración.
En este escenario, el Gobierno no debe limitarse a reconsiderar, como ya está haciendo, las subidas fiscales que planteó al inicio de su mandato (como la que afecta a Sociedades). También tiene que evitar el error de echarse en brazos de Podemos y hacer suya la ofensiva de alzas de impuestos de este partido.
