La revalorización de la pensiones en el presente ejercicio repuntará un mínimo del 1,6% en base al acuerdo alcanzado por el anterior Ejecutivo y el PNV con el fin de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, elevando las pensiones mínimas y asistenciales un 3%, el resto un 1,6% (por encima del 0,25% que marcaba la ley) e incrementaron las pensiones de viudedad.
A esto, muy probablemente, habrá que añadir las promesas partidistas del Ejecutivo Socialista, de ligar la revalorización de las pensiones al IPC y por lo tanto decretar, al final del ejercicio, una compensación del incremento real de los precios que todo apunta rondará el 2%.
Dicho acuerdo ha supuesto un desembolso extra el pasado mes de Julio de algo más de 1.100 millones de euros. La mayor revalorización de las pensiones y una posible actualización con el IPC provocarán que en el presente ejercicio el déficit sea mayor, situándose, previsiblemente, por encima de los 19.500 millones de euros.
No obstante, la realidad y/o la capacidad del sistema es otra. Las cuentas de la seguridad social, al margen de no tener la capacidad de afrontar esta revalorización, dejan en evidencia que las pensiones en el presente ejercicio deberían de haber bajado un 2,58%, con el fin de no incurrir de nuevo en déficit. Dato calculado a través del Índice de Revalorización de las Pensiones o más comúnmente conocido por IRP.
El IRP es el mecanismo introducido en la reforma del 2013 por el que se calcula la salud financiera de la Seguridad Social y, en caso de déficit, decreta una revalorización mínima de las pensiones del 0,25%.
El acuerdo del PP con el PNV paralizó esta medida, pero no la revocó. La intención del Ejecutivo Socialista es eliminarla, pero, por ahora, sigue vigente permitiendo conocer la situación financiera real del sistema. Este dato deja de manifiesto la falta de capacidad del sistema para indexar la revalorización de las pensiones al IPC, sin tener definida una estrategia clara en relación a la fuente de ingresos. El crecimiento de las cotizaciones sigue sin ser suficiente para atajar el déficit por diferentes razones:
Una de ellas es que los nuevos empleos, que en muchos casos son de baja calidad y aportan reducidas cotizaciones sociales, no soportan las altas jubilaciones de las personas que se retiran ni el fuerte aumento del número de pensionistas. Otra de las razones, es el incremento del gasto a través de los múltiples y diferentes acuerdos políticos.
No podemos olvidar que el sistema se encuentra en una situación de déficit permanente, que hace difícil que las pensiones no pierdan poder adquisitivo, al margen de la presión ejercida por los jubilados o de las estrategias meramente electoralistas.
De aquí surge el impuestometro, también, a los pensionistas; incremento en el IRPF que afectará a 1,8 millones de viviendas vacías en manos de pensionistas, impuesto al carburante por circular en un vehículo diésel, tasas verdes que abonaremos por el mero hecho de ser ciudadanos españoles, y, todo ello, sin hacer mención a la famosa tasa Google o el impuesto a la Banca, ya que a la fecha no hay una definición clara, aunque estoy plenamente convencido que parte importante de ese tributo acabará siendo costeado por los clientes y no por sus accionistas.
Cada vez que oigan que las pensiones deben de mantener el poder adquisitivo y por lo tanto incrementarse, como mínimo, el IPC, piensen en el cómo y no en el cuánto; cuál es el coste para pagarlas o financiarlas. Esta lucha incesante por lo que denominan pensiones dignas va en contra, ya no solo, de ustedes mismos, sino también de las generaciones venideras; sus hijos y sus nietos.
Por lo tanto, debemos desligar el sistema público de pensiones de cualquier estrategia electoralista y establecer una norma legislativa más férrea, para tener un sistema más estable. Paralelamente informar y comunicar a todos los ciudadanos como funciona el actual sistema de reparto facilitando la estimación del importe de la futura pensión. Acometer reformas de calado, es decir, reformas estructurales, ya que la ejecutadas hasta la fecha han sido reformas paramétricas, las cuales no han generado el retorno necesario.
Reformas estructurales como traspasar las contingencias de viudedad y orfandad del Sistema de la Seguridad Social a una partida de los PGE, movilización hacia a un sistema de cuentas nocionales para las pensiones de jubilación e instaurar los sistemas de previsión social complementarios financiados tanto por el empleado como por el empleador.
En resumen, tender hacia un sistema basado en la creación de empleo y generar valor añadido para poder iniciar el cambio hacia un sistema mixto para las próximas generaciones, con el fin de que lo pensionistas del futuro no incurramos en el mismo error intentando sostener un sistema insuficiente.
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