Hacienda busca que siete autonomías capten este año en los mercados 14.500 millones. Para ello, todas tendrán que dejar atrás la cobertura del Fondo de Facilidad Financiera.
Éste es uno de los mecanismos extraordinarios que el Gobierno creó en la crisis para que el Estado paliara los problemas de liquidez de los Ejecutivos regionales. A diferencia del FLA, a las autonomías que acceden al Fondo de Facilidad se les exigen unas cuentas hasta cierto punto saneadas, que les permiten cumplir los objetivos de déficit.
Sin embargo, disponen de la posibilidad de que les siga financiando el Estado a un tipo de interés ventajoso. La situación fiscal de estos territorios, lejos de empeorar, mejoró en los últimos años gracias a la recuperación económica, por lo que están en condiciones de atraer por sí mismas a los inversores internacionales y no tiene sentido que sigan contando con el auxilio excepcional del Estado.
Es más, en sus condiciones actuales, no deberían tener problemas para seguir cumpliendo los objetivos de déficit y poder prescindir así de la tutela fiscal a la que les somete el Gobierno mientras siguen dentro del Fondo de Facilidad. Hacienda acierta, por tanto, al empezar a clausurar este mecanismo, pero eso no quiere decir que la tarea de normalizar la captación de recursos por parte de las autonomías haya terminado.
El FLA continúa activo este año, ya que aún liberará 18.000 millones y no cuenta con fecha siquiera prevista para su cierre. Las autonomías que aún se amparan en él lo hacen porque no se ajustan a las reglas de estabilidad fiscal. También ellas deben ya aprovechar la recuperación económica para poner en orden sus cuentas y dejar de depender de la financiación estatal.
