Las cuentas comienzan a cuadrar. El Gobierno socialista incrementará en 5.230 millones el gasto público, la mayor subida en cinco años. Para sufragarlos, cuenta con una subida de impuestos de 6.000 millones, que se incluirán en los Presupuestos del próximo año. En realidad, el Ejecutivo dispondrá de 12.000 millones adicionales para gastar en 2019, un año en el que está previsto la celebración de elecciones autonómicas y municipales y, probablemente, generales. Al alza histórica de los impuestos, hay que sumar otros 6.000 millones, que obtendrá de la relajación de los objetivos de déficit en cinco décimas presentada a Bruselas.
El pensamiento político suele ser cortoplacista. Las cuentas tienen básicamente un inconveniente: se aplicará un alza de gravámenes en varios frentes (Sociedades, cotizaciones sociales y salarios). Las empresas, que soportan ya el 46 por ciento de los impuestos frente al 40 por ciento de Europa, se verán obligadas a reducir los costes para mantener su competitividad y la economía se frenará. Se romperá, en definitiva, el círculo virtuoso que permitió la recuperación de más de medio millón de empleos en los últimos años.
¿En qué utilizará el Gobierno el dinero extra en 2019? Casi la mitad, alrededor de 5.000 millones, será para las pensiones, cuyo gasto crece en más de 3.000 millones anuales solo por la incorporación de jubilados, y casi en 2.000 millones por la subida del IPC. Otra promesa electoral difícilmente de sostener más allá de las elecciones de 2020.
Otros 2.500 millones irán directamente a engrasar el sofisticado mecanismo del gasto de autonomías y ayuntamientos en vísperas de los comicios del año que viene. Ya conocemos su senda de incumplimientos.
Además, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, acaba de anunciar la condonación de parte de la deuda aún no asumida por el Estado de manera lineal, es decir para todas las autonomías, sin distinguir las cumplidoras de las que no lo son. Una decisión que incentiva las pocas ganas de contener el uso de su cuenta corriente. Cataluña y la Comunidad Valenciana, las dos grandes deudoras con 77.000 y casi 50.000 millones, respectivamente, serán las más beneficiadas.
El Gobierno quiere acabar con el argumento de que España nos roba, mientras que intenta compensar el déficit de financiación, que arrastran los valencianos desde la creación del sistema autonómico, debido a un reparto caprichoso de Felipe González.
Los 4.500 millones de ingresos adicionales restantes estarán a disposición del Gobierno para sus políticas económicas y sociales, que en su mayoría se traducirá en mayores subvenciones para el Estado del bienestar.
¿Cuanto dinero retornará a las empresas que, al fin y al cabo son las principales creadoras de empleo, por la vía de la rebaja de sus cargas sociales? Ni un euro.
En su mayoría se empleará en financiar a jubilados, funcionarios o dependientes, que a su vez lo destinarán al consumo. Una manera cortoplacista de sostener la economía, porque en la medida que se frene la tendencia de fondo de la creación de empleo todo resultará más difícil de sufragar.
El Gobierno está empeñado en empujar la innovación. Prueba de ello es la recuperación del Ministerio de Industria y la creación del de Ciencia e Innovación. Un flanco incomprensiblemente descuidado por el Ejecutivo de Rajoy. Aunque, de nuevo, se coloca el carro delante de los bueyes. La inversión en ciencia genera empleo de calidad, pero a medio o largo plazo. A corto, lo que incrementa es el gasto. Por último, está la inversión en infraestructuras o en defensa, que aún se desconoce, y que forzosamente será moderado para permitir políticas sociales.
¿Y dónde está la oposición? El PP es prisionero de sus propios actos, ya que Rajoy pactó con el PNV un alza descabellada de las pensiones, que invalida ahora sus críticas. Se escuda, además, para mantenerse un silencio cómplice en la disputa entre Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría.
Su papel será crucial en el Senado, donde el techo de gasto primero y los Presupuestos después, deben obtener el visto bueno. Se habla de un pacto no escrito tanto de Soraya como de Casado para abstenerse en el techo de gasto y no obstaculizar así los 2.500 millones que Sánchez tiene previsto otorgar a las autonomías, ya que sin Presupuesto esta partida quedará congelada. Si se confirma esta hipótesis, la bajada de pantalones, del principal partido de la oposición sería épica.
¿Y qué hay de Ciudadanos? El partido que preside Albert Rivera no se atreve a criticar la subida de las pensiones, pese a que el porcentaje de jubilados que lo vota es sólo de alrededor del 20 por ciento, y además, apoya un incremento en Sociedades.
Nadie parece estar al frente de la nave de la oposición. Aún así, Sánchez lo va a tener difícil para sacar adelante el Presupuesto. Los desplantes con Pablo Iglesias comienzan a ser ostensibles.
El principal frente está en el ámbito de la Monarquía. Los partidarios de Iglesias quieren que se investiguen las conversaciones del anterior monarca con Corinna zu Sayn-Wittgenstein, su presunta amante, y que se publique si aprovechó la amnistía fiscal para repatriar dinero.
La negativa de Sánchez es comprensible, aunque resultará inútil porque la Audiencia Nacional está traduciendo las decenas de terabytes de conversaciones contenidos en las cintas que el excomisario Villarejo atesoraba. Cualquier irregularidad, del Rey emérito o de otra persona notable, será juzgada. Las posibilidades de que estas conversaciones se filtren, una vez que están en manos de los magistrados, son crecientes. Se comienza a hablar de un crisis institucional junto a la política que padecemos si el contenido de estos documentos sale a la luz.
¿Cuál es el precio a pagar por Sánchez para ganarse el apoyo de Iglesias en los Presupuestos? Aún no lo sabemos, pero la impresión es que no va a salir gratis, como se vio con RTVE. Podemos pidió un alza del gasto en 15.000 millones. Y ¿qué pasaría si no hay Presupuestos? Que nos abocaría a unos comicios generales anticipados. Ya hay voces que alertan de que en tal caso, Sánchez podría suspender las Cámaras e ir a elecciones antes de Navidad, para culpar a Podemos y al PP por su falta de apoyo a sus medidas y, de paso, recoger los vientos a favor del cambio de Gobierno. El panorama es aún confuso, pero con Presupuesto o sin él, las cosas no pueden ir más que a peor. Ojalá me equivoque.
PD.-En el frente internacional, los ojos están puestos en la reunión que el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, celebrará con Trump la próxima semana. EEUU es el mayor socio comercial de Bruselas. Los esfuerzos por firmar acuerdos como el rubricado esta semana con Japón o antes con Canadá representan aún una parte minoritaria de las transacciones. ¿Por qué Europa es el enemigo número uno, cuando su comercio es mucho mayor con China? Por la moneda única.
El euro, pese a todas las dudas que suscita, es la segunda divisa de reserva internacional y gana poco a poco terreno al dólar. Trump quiere un dólar hegemónico para que el ahorro de todo el planeta siga pagando los desajustes de su Administración.
Además, su estrategia proteccionista frente a China comienza a hacer aguas. El Ejecutivo de Xi Jimping responde con una devaluación silenciosa del yuan en el mismo porcentaje que los aranceles de Washington para invalidar la estrategia. Para colmo, su proteccionismo genera inflación, aliente la subida de tipos de interés por parte de la Fed de Jerome Powell, y, por ende, fortalece al dólar, lo que pone nervioso al presidente.
Un dólar caro anula el efecto de su guerra comercial porque frena las exportaciones e impulsa las importaciones. Es decir, alienta el déficit comercial, ya que a los americanos les resulta más barato comprar fuera que dentro. Las reglas del mercado son complicadas. Ni el todopoderoso presidente americano es capaz de imponer sus deseos. Bienvenidos a la realidad no virtual.