Apenas se conocen detalles sobre la tasa específica que el Gobierno podría imponer a los bancos, con objeto de aumentar los ingresos del sistema de pensiones. Sin embargo ya es posible plantear serias objeciones a esta posible decisión.
En primer lugar, debe destacarse su muy escaso alcance. Los expertos pronostican que la recaudación de este tributo no llegaría a los 2.000 millones anuales, un alivio insignificante para un déficit ya acumulado en la Seguridad Social de más de 18.000 millones.
Pero aún más grave es el hecho de que tan magros resultados se lograrían a cambio de que el sector financiero español pague un coste muy alto. Como es previsible, los analistas pronostican que la tasa bancaria tendría un impacto diferente por entidades según su tamaño y su grado de internacionalización. Sin embargo, incluso los más grandes (BBVA y Santander) verían mermadas sus ganancias hasta un 2,7%. Además ese porcentaje se dispara al entorno del 10% en el caso de enseñas más dependientes del mercado doméstico como Bankia. Este perjuicio ya constituye un grave problema en un contexto tan difícil como el actual, en el que el negocio crediticio sigue sin crecer en España (en términos netos).
Pero los daños se multiplican si se considera la penalización que los bancos de nuestro país sufrirían frente a las entidades de otros Estados de la zona del euro en que no existe un impuesto semejante. La desventaja aún se ahondaría más si el sector financiero español tuviera que afrontar el impuesto sobre las transacciones que el Gobierno también baraja. Este tipo de tributos supone un golpe a la competitividad que no solo lo sufrirán los bancos, sino el conjunto de la economía española.
