La discriminación salarial por cuestión de género implica perjuicios económicos. Esta desigualdad induce una menor participación de las mujeres en el mercado laboral, y provoca una infrautilización del talento disponible en la población activa de un país.
Todo ello suma razones suficientes para que la exministra de Empleo, Fátima Báñez, impulsara en enero un plan para que las empresas de más de 250 trabajadores hagan auditorías internas permanentes. Los controles deben detectar en todo momento la discriminación salarial que pudiera afectar a las mujeres por el mero hecho de serlo.
La propuesta logró el apoyo de los agentes sociales. La patronal expresó sus reservas ante unas auditorías que suponen más costes, pero Empleo se mostró abierto a estudiar plazos para adaptar la logística y los sistemas de información. Ahora, sin embargo, el horizonte vuelve a complicarse para las empresas.
Es cierto que el nuevo Ministerio de Trabajo se compromete con la aplicación del plan Báñez y respeta sus líneas generales, pero también se adentra en la espinosa cuestión de las sanciones, que el proyecto original no recogía. Trabajo prevé multas que pueden llegar al 1,3% de la masa salarial para las empresas en que se demuestre que una mujer cobra menos que un hombre de igual cualificación.
Sin duda, la lucha contra la brecha salarial exige rigor, pero también deben considerarse las exigencias que las empresas deben afrontar. El Gobierno no debería hablar de penalizaciones sin antes negociar los medios y tiempos con los que las empresas contarán para adaptarse. Si el cambio es demasiado repentino, y se daña a las firmas, no se logrará ningún beneficio ni para las mujeres ni para el mercado laboral.