El PP presentó al Pacto de Toledo su propuesta para que puedan excluirse los peores años de la vida laboral para calcular la pensión. La iniciativa tiene claros límites: es voluntaria, se restringe a un grupo muy afectado por la crisis (mayores de 45 años prejubilados o despedidos) y exige una carrera en el mercado laboral superior a 38 años. Ahora bien, la propuesta ofrece un alcance mayor de lo que a primera vista parece.
Puede verse en ella un primer ensayo para implantar un mecanismo que dé peso a las primeras etapas de la vida laboral, los años en los que los sueldos suelen ser menores. Es más, ya hay expertos que aplauden la medida como un avance de España hacia el sistema de cuentas nocionales de Suecia o Italia.
Dicho protocolo liga más estrechamente la pensión que recibirá un trabajador con lo que él, individualmente, cotizó. Es indudable que medidas como éstas reducirán la cuantía de las pensiones, pero se trata de un cambio ineludible.
La Seguridad Social está sometida a unas tensiones muy fuertes, que el envejecimiento demográfico intensificará en los próximos años. No en vano se estima que en 2048 habrá 15 millones de pensionistas, muy por encima de los 9 millones actuales.
En una situación así, no basta con buscar nuevas vías de ingresos para la Seguridad Social. La limitación del gasto constituye un prioridad, para lo que resulta muy útil elevar el número de años que se computan para la pensión. Lo muestra el ahorro potencial de hasta el 35 por ciento que desarrollar el plan Báñez supondría. Pero también se requerirá, como Empleo prevé también, que el pago de las pensiones no contributivas quede definitivamente fijado a los Presupuestos.
Solo con medidas así las pensiones públicas serán sostenibles.
