Empleo someterá a una revisión profunda la gestión de las subvenciones estatales que maneja la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Patronal y sindicatos ya no acapararán el control de estos recursos, sino que se abrirán a la libre competencia. El Ministerio extiende así la misma política que ya aplica en el ámbito de la formación para trabajadores y parados.
En ambos casos, funcionaban sistemas que ya no pueden sostenerse más. El hecho de que los agentes sociales diseñaran y controlaran los cursos que ellos mismos impartían fue el medio ambiente idóneo para que surgieran los intolerables casos de corrupción que tanto escandalizaron a la sociedad.
Del mismo modo, no tiene lógica que las centrales y las organizaciones empresariales sean juez y parte en la distribución de los fondos para prevenir riesgos laborales, procedentes de la Tesorería de la Seguridad Social. Sin duda, no es el propósito de Empleo caer en maximalismos que aíslen completamente a los agentes sociales de este ámbito.
Ambos cuentan con estructuras y conocimientos que pueden aprovecharse y que podrán poner en valor compitiendo con otros agentes. Lo que se pretende, por tanto, es poner fin a un monopolio de facto sobre este tipo de labores que convirtió los ingresos que de ellas se derivaban en la principal fuente de financiación, tanto de patronales como de sindicatos.
Los agentes sociales deben acceder a tales actividades en régimen de libre concurrencia (sin distinciones, y mucho menos privilegios, en cuanto al control de las subvenciones), mientras que los recursos para sus sostenimiento como organizaciones tienen que provenir de las cuotas de sus afiliados.
