Tener unas pensiones adecuadas y sostenibles es unos de los principios del Estado del Bienestar y una prioridad en la Agenda Social tanto en España como en Europa. Fue el propio Pacto de Toledo quien en sede Parlamentaria y en sus sucesivas ediciones -1995, 2003 y 2011- marcaba ya la necesidad de fortalecer el modelo de financiación de las pensiones mediante un sistema de tres pilares: el primero, público y de reparto; el segundo, de corte empresarial basado en la negociación colectiva; y el tercer pilar, individual. A idénticas conclusiones llegó el Parlamento Europeo. La más reciente, en 2013.
Los últimos gobiernos -primero los socialistas en 2011 y, después, en 2014, los populares- sometieron al primer pilar a una intensa reforma, lo que se tradujo en una bajada de las pensiones. Y, sinceramente, no tuvieron más remedio que hacerlo porque el actual sistema de reparto no da más de sí. No hay -y menos va a haber- suficiente dinero para pagar a toda la masa de personas que nos jubilaremos en las próximas décadas de la misma forma a como se ha hecho con nuestros mayores hasta ahora. Por esta razón se han llevado a cabo una serie de reformas con el objetivo de irlas reduciendo, de modo que los que se jubilen en 2027 -es decir, dentro de 11 años- recibirá un 30% menos que con las normas previas a la reforma.
Dichas reformas, centradas fundamentalmente en el primer pilar, han tratado de paliar el problema intrínseco que significa financiar las pensiones mediante un sistema, el de reparto, basado en que los jóvenes actuales financian a los actuales jubilados con la esperanza de que los jóvenes del mañana financien a los jóvenes de hoy. Y todo ello sin perder de vista que la longevidad aumenta, que no nacen más niños, y que existe un paro estructural elevado. Es decir, unos ingredientes nefastos que alimentan una tormenta perfecta en las cuentas de las pensiones públicas.
Veintiún años después de la primera edición del Pacto de Toledo, se confirma que el primer pilar está en desequilibrio, y que el segundo y tercer pilar son prácticamente inexistentes.
Y por si todo esto fuera poco, las reformas del primer pilar no han profundizado en reconducir el desequilibrio que se sigue produciendo en términos de equidad. Es más, en la actualidad, los pobres pagan más que los ricos; y los jóvenes más que los no tan jóvenes.
Diversos estudios indican que las personas con mayor poder adquisitivo viven más que las que no lo tienen. Esto traducido a un sistema de reparto hace que, ante unas mismas cotizaciones, un pobre reciba menos que un rico. Y este desequilibrio no lo corrige el actual factor de sostenibilidad de las pensiones. Lo mismo ocurre entre las regiones, donde las zonas del norte registran una mayor longevidad que las del sur.
En cuanto a los jóvenes, a día de hoy existen jubilados con pensiones causadas -algunas de ellas interesantes- cuyo derecho a pensión se calculó con ocho años de cotización -acción que se denominó "compra de la pensión"- que hoy deben ser financiadas con cotizaciones de jóvenes que accederán a su pensión en condiciones mucho más restrictivas, siendo necesarios, al menos, quince años de cotización. Por ello, el actual factor de revalorización de las pensiones debería penalizar a aquellos que obtuvieron sus pensiones en situaciones de flagrante falta de equidad.
Es urgente redefinir el primer pilar de las pensiones -el de reparto- mediante una reforma basada en el principio de equidad que lo haga más equilibrado y más justo, lo que lo hará más sostenible. Y eso se llama sistema público de reparto de Cuentas Nocionales. Es el modelo implantado ya en Suecia. Y nadie pone en duda que los suecos no cuiden su Agenda Social.
