El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, estaba eufórico el miércoles después de la visita realizada al Rey Felipe VI. Los periodistas que cubrían el acto no podían explicarse por qué. Al fin y al cabo, su nueva visita a La Zarzuela no era más que la prueba del fracaso político, después de tres meses de negociaciones, para alcanzar un acuerdo de Gobierno.
Las encuestas dan al PP un resultado muy parecido al de la anterior cita electoral, mientras que existe la posibilidad de que un pacto entre PSOE y Podemos dé al traste con las aspiraciones del líder conservador. Rajoy espera lograr alrededor de 130 diputados, pero no porque sus iniciativas de gobernante hayan atraído en estos últimos meses a los votantes, sino justo por lo contrario.
Se espera una enorme abstención, que perjudicaría a Pablo Iglesias, que tiene el voto muy disperso. En cambio, el más favorecido es el PP, que con un número similar de votantes, podría lograr media docena más de escaños. Si a esa circunstancia se une la posible mejora de Ciudadanos, sería probable tener un Gobierno de centro-derecha durante la próxima a legislatura.
En última instancia, aunque la suma de los escaños de ambas formaciones no sirviera para gobernar, Rajoy se ve en una posición de fortaleza para obligar a pactar a los demás. Está satisfecho, porque el tiempo le ha dado la razón. Después de que Pedro Sánchez le negara hasta el saludo en su visita a Moncloa, apostó firmemente por repetir los comicios, desechó la posibilidad de pactar con Ciudadanos, y su pronóstico se cumplió. Además, la cabeza de Sánchez, su gran enemigo junto a Iglesias, está en juego, si logra un mal resultado electoral.
Pero antes de lanzar las campanas al vuelo habrá que ver el resultado de las próximas elecciones. El PP perderá en esta cita el principal reclamo de su mensaje en las anteriores elecciones, la economía, debido a la controvertida gestión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Con un déficit superior en casi un punto al comprometido con Bruselas (5,1 por ciento frente al 4,2 por ciento), en esta ocasión no podrá presumir de buena gestión económica. Es cierto que durante su mandato se redujo este desequilibrio casi a la mitad, ya que se encontró con un desfase superior el 9 por ciento. Pero también lo es que deja un panorama complicado.
Montoro intenta echar las culpas a las autonomías. Y es cierto que se han desviado en casi un punto, pero la Seguridad Social, que está bajo la égida completa del Gobierno central, se desmarcó otras siete décimas. Luego él es tan culpable como los demás.
También es el responsable de la indisciplina de las autonomías, algo que ya sabía que iba a suceder porque no les aplicó la regla para controlar el gasto, como pedía la Autoridad Fiscal Independiente. Este organismo creado por orden de Bruselas para supervisar las cuentas públicas le advirtió en varias ocasiones y públicamente del desajuste.
Montoro respondió intentando reducir los fondos que le otorga para su funcionamiento. Y en el primer trimestre de este año ni le presentó el estado de las cuentas públicas para su evaluación, antes de enviarlas a Bruselas. El motivo es que se está saltando las previsiones.
El adelanto en la rebaja del IRPF a finales del año pasado merma la recaudación de este impuesto en los dos primeros meses, como era de esperar. Tampoco se cumplen los ingresos estimados en el Impuesto de Sociedades. La reforma de este gravamen, para adaptarlo a una tributación acorde con la realidad, encuentra graves resistencias.
Para más inri, el mismo día en que el ministro de Economía, Luis de Guindos, presentaba en Bruselas las cifras sobre el exceso de déficit español, Montoro anunciaba la devolución de la paga extra de los funcionarios.
El nuevo Gobierno tendrá que volver a reformar el Impuesto de Sociedades y el IRPF para incrementar la recaudación, y también el llamado Pacto de Toledo para mantener el sistema de pensiones. Ni la renta básica que prometen los socialistas, ni el complemento de salarios de Ciudadanos ni, por supuesto, el de Podemos son posibles. Tampoco la rebaja de impuestos que lleva en su programa electoral el PP. Rajoy ya no podrá presumir de los logros económicos. En resumen, que no sólo el futuro de las pensiones está en juego por la falta de reformas, sino el bienestar de las futuras generaciones.
Y luego está la inquina mostrada contra el exministro José Manuel Soria o el expresidente José María aznar. Montoro dijo del extitular de Industria que ningún miembro del Gobierno podía estar relacionado con un paraíso fiscal, cuando él nombró como secretario de Estado de Hacienda en una legislatura anterior a Estanislao Rodríguez-Ponga, quien fue imputado por diseñar las cuentas en Jersey del antiguo BBV.
No se sabe si el ministro de Hacienda actúa como un verso suelto del Gobierno de Rajoy o, en ocasiones, va a su aire para fastidiarlo. Como se sabe, forma parte del grupo de ministros que hacen piña con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, contra los llamados marianistas. Desde luego, parece que se ha pasado a la oposición.
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