Vuelvo sobre las pensiones porque, lo crean o no, tenemos un serio problema al que los políticos no quieren enfrentarse como es debido, y cuyo origen reside en su estructura financiera, asociada, a la vez, a su fórmula de gasto, ambos politizados tiempo atrás. Así, las prestaciones para contingencias que los trabajadores sufragan mediante su vida laboral, por enfermedad o accidentes, por desocupación o pérdida transitoria del empleo, por retiro o jubilación, por cobertura familiar en caso de fallecimiento, quedan en manos de políticos o autoridades y de ciertos grupos privados (sindicatos y patronales) cuyo cariz es más político o administrativo que otra cosa.
Dicho de otra manera: su pensión -y otras prestaciones- depende y dependerá de lo que digan, hagan o aprueben esas otras personas, y no de sus decisiones al respecto. Eso sí, quien paga es usted en tanto que trabajador por cuenta ajena, autónomo, empresario o contribuyente. Por cierto, la parte que desembolsan los empresarios de las cuotas a la Seguridad Social del trabajador van por cuenta del propio trabajador, no del empresario, ya que se trata de un salario no percibido y es un coste laboral o del trabajo para quien contrata.
Junto a los argumentos presentados en mi anterior artículo, los datos de gasto y recaudación de la Seguridad Social ofrecidos por los políticos, siempre con ropajes de estabilidad, sostenibilidad, aceptabilidad, vigor o capacidad del sistema, proporcionan una idea de los problemas a largo plazo del sistema, de su quiebra técnica -aunque se produzcan eventuales saldos positivos de caja-. Grosso modo, la Seguridad Social en su conjunto ingresa de promedio al mes, en lo que llevamos de año, unos 8.925 millones de euros, habiéndose producido un agosto excepcional, con 9.169 millones de ingresos líquidos. Sin embargo, sólo en pensiones contributivas, insisto, sólo en contributivas, el sistema gasta al mes en torno a 8.400 millones de euros (en agosto han sido 8.270,5 millones), lo que casi se duplica en junio y diciembre.
Es clave en las pensiones contributivas que su esquema financiero sea uno piramidal, denominado "de reparto", que, dada la tendencia creciente al gasto de todo político que maneja o administra dinero ajeno y que, a su vez, le permite alcanzar sus objetivos de poder, deviene en un reparto de la miseria, pues un gasto elevado y creciente requiere ingresos en proporción si no se quiere entrar en una espiral de deuda y quiebra. Pero los ingresos, llámense contribuciones o impuestos, parece ser que no pueden estirarse más allá de ciertos límites, pues quienes los aportan terminan resistiéndose o enfrentándose al recaudador. En realidad, algo parecido sucede con el conjunto del Estado de Bienestar cuya "sutil" estrategia reside en mutualizar los costes de los programas de gasto, eso sí, algo que parece haberse olvidado, después de haber creado la riqueza o bienestar suficientes como para "repartir" y no, como proponen algunos de forma falaz, creando la riqueza a partir de los programas de gasto y reparto: se gasta y reparte lo que se tiene, no al revés, o también aquí se cumple la Ley de Say.
Se podrá señalar que el problema es de índole demográfica y de horizonte de vida y laboral. Pero el factor demográfico se introduce en las pensiones por su modelo de financiación, que es el de reparto. Si el sistema fuese de capitalización daría igual la estructura de la población, si hay más o menos nacimientos o más o menos personas en edad de jubilación, pues cada cual percibiría lo que él haya aportado para sus diversas prestaciones, sin depender de los activos y ocupados en cada momento. Aunque en este caso sí afectará a la pensión, entre otros factores, el horizonte personal de vida, tanto laboral como biológico.
En esas estamos, en medio de debates electorales -más que parlamentarios- sobre las pensiones, con una oposición solicitando incrementos por encima de las propuestas del Gobierno en los PGE, pero habiendo adoptado todos los partidos políticos medidas que recortan de facto nuestras prestaciones, derechos, accesos, cuantías o posibilidades de cobro (por ejemplo, mínimo de 15 años de contribución al sistema y al menos dos de cotización en los últimos 15 años previos a la jubilación) o que, como en la última propuesta sobre pensiones de viudedad y orfandad, pretenden que paguemos dos veces por lo mismo aunque las prestaciones por tales conceptos ni se aproximen a lo que el trabajador aportó en su momento, una vez deducidas las cuantías que pudiera haber cobrado antes de su muerte. Usted sabrá, pero desde luego a mí no me tranquiliza que mi pensión, mis coberturas, estén en manos de políticos y asociaciones afines.
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