La economía brasileña ha entrado formalmente en recesión. La presidenta Dilma Rousseff trata de transmitir un mensaje de optimismo en el sentido de que el país va a superar sus "temporales dificultades". Pero la recesión es incluso más severa de lo que anticipaban las estimaciones. El deterioro afecta a todos los indicadores analizados con el impacto más grave en el empleo. Más allá de cómo o quién lo mida -consultores privados, Banco Central o agencias de estadísticas-, el resultado es el de una auténtica debacle a medida que avanza el año más problemático y conflictivo para la mandataria.
La industria -en su totalidad- es la más afectada. En especial sectores clave como el automotriz y la construcción. El descenso en la construcción tiene múltiples causas: investigación del gigantesco caso de corrupción en Petrobras que salpica a las mayores constructoras, paralización de proyectos inmobiliarios por la escalada de los tipos de interés, y congelación de proyectos de infraestructura por temor de los inversores ante la "turbulencia política".
El consumo, motor de la economía brasileña en el pasado, ha descendido como consecuencia del desempleo y del desgaste que representó en los bolsillos de las familias la creciente inflación y el encarecimiento del crédito.
La delicada situación económica ha provocado críticas incluso dentro del oficialismo. El diputado Paulo Teixeira, uno de los legisladores más influyentes del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) ha cuestionado el ajuste impulsado por el ministro de Hacienda, Joaquim Levy. El Gobierno desmiente rumores sobre la salida del ministro quien fue ratificado por la mandataria. Sin embargo, en este contexto conviene siempre recordar la famosa frase de Bismarck: "No crea usted nada hasta que no haya sido oficialmente desmentido". Los rumores de renuncia del ministro cobraron fuerza a comienzos de la semana. Levy pretendía que el presupuesto federal para 2016 fuera enviado al Congreso con un superávit de 0,7% del PIB. Mas el proyecto remitido no prevé superávit, sino que contempla un déficit fiscal de 9.000 millones de dólares. Los mercados financieros reaccionaron, como era de esperar, con una nueva subida del dólar que llegó a alcanzar un récord de 3,82 reales.
Lo peor para Rousseff es que sus problemas van mucho más allá, con gravísimos escándalos de corrupción y masivas protestas que han debilitado enormemente su imagen. El Tribunal Superior Electoral, en un minucioso proceso, ha investigado innumerables fraudes vinculados a la reelección de la presidenta en 2014. Es uno de los organismos que podría mover el mecanismo que, finalmente lleve a la gobernante a juicio político (impeachment). La investigación de este organismo se enfoca en la hipótesis de que la campaña electoral que llevó a Rousseff a su segundo mandato fue financiada con fondos provenientes de la trama Petrobras.
El jurista Helio Bicudo, uno de los fundadores junto a Lula da Silva del PT, ha presentado esta semana una petición de impeachment contra Dilma. En el Congreso se aguarda asimismo el parecer del Tribunal de Cuentas de la Unión, donde se analiza una denuncia contra ella sobre supuestas maniobras contables en 2014 que permitieron disimular problemas presupuestarios. Se concedieron a Rousseff 15 días extra para explicar estas sospechosas operaciones. El plazo vence la semana que viene.
Según Bicudo hubo un maquillaje deliberado para hacer creer a la nación y a los inversores internacionales que el estado Brasil era económicamente saludable, cuando el país estaba "sumido en una profunda crisis". Bicudo argumenta que Dilma ha tenido responsabilidad en los delitos, por el llamado "impuesto de pedaleo", las maniobras del Gobierno federal para posponer los pagos y el uso de la banca pública para cubrir las deudas.
El presidente de la Cámara de Diputados y activo opositor al Gobierno, Eduardo Cunha, analizará los términos de la iniciativa antes de decidir si le da curso y la somete a debate en la Cámara Baja. Para hacerse una idea de la dimensión de la crisis moral de la clase política brasileña cabe mencionar que Cunha también está denunciado por corrupción (aunque él acusa al Ejecutivo de presionar a la Fiscalía General para perjudicarlo). Como tercero en la línea de sucesión, Cunha podría llegar a asumir la jefatura el Estado en caso de que Rousseff y su vicepresidente fueran destituidos de sus cargos.
Las malas noticias se acumulan para la presidenta. La posibilidad de que se viera obligada a salir del Gobierno en octubre resulta cada vez más creíble.
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