La efectividad real de la subida del Impuesto de Sociedades está por ver
El paquete de reformas presentado este viernes por el Gobierno ha defraudado en general y no por las expectativas generadas sobre el mismo, que por cierto lo fueron desde el propio Ejecutivo, empezando por su presidente, sino por su contenido, su desarrollo o concreción y porque, una vez más, suponen el retraso de la salida de nuestra crisis, que no por esperado es menos doloroso.
Pese a todo, se percibe más seriedad en las propuestas; más sensibilidad (al menos declarada) sobre la situación de los ciudadanos y su papel en la reducción del déficit -se agradece sobre todo el giro prudente del ministro de Hacienda, que apenas hace un par de semanas esgrimía que nuestro esfuerzo fiscal era escaso o pequeño- y un intento, positivo, de dar ánimos a la población sobre los resultados -lentos- de sus propios esfuerzos.
Un discurso esperanzado no basado en deseos o buenas intenciones, como suele ocurrir, sino justificado por los datos y evolución de algunos indicadores adelantados, a pesar de otros datos ya existentes que evidencian pesadumbre, desánimo y hundimiento. Precisamente una de las cuestiones planteadas con más insistencia se refería a nuestros pésimos registros de desempleo y sobre el final del túnel. El ministro De Guindos ha sido realista y no espera una respuesta contundente de la tasa de paro en lo que queda de legislatura, estimada en torno al 26 por ciento hasta 2015 (inclusive) en el plan de estabilidad que se presentará a Bruselas.
Entre las reformas anunciadas menos explicadas están las fiscales y la ley de indexación de la economía española, que la vicepresidenta ha circunscrito al sector público, y que afecta a los contratos públicos de obra y servicios, salarios públicos o las pensiones, aunque la reforma de éstas se ha pospuesto hasta el informe sobre su sostenibilidad. Por cierto, las pensiones deberían ligarse no a la esperanza de vida (dato incierto e injusto) sino a la vida laboral total de cada trabajador (ni siquiera una vida laboral promedio).
La reforma de los servicios profesionales venía impuesta por Bruselas y va con retraso. La unidad del mercado es bienvenida, aunque habrá que esperar a su desarrollo. Las reformas de financiación de pymes y la denominada ley de Emprendedores son a todas luces innecesarias y contraproducentes. Lo que los empresarios, grandes o pequeños, precisan es un marco legal de seguridad y estabilidad jurídica que permita desarrollar sus actividades en libertad y que no cargue con burocracias e impuestos innecesarios y abusivos (confiscatorios), tanto la puesta en marcha de su negocio o actividad como su diario devenir. Y menos excepciones; menos ayudas; menos actos administrativos o recursos al 'primo de zumosol' para llevar a cabo sus empresas, así como para que se socialicen sus pérdidas o les aseguren nichos de mercado o demandas cautivas que refuercen su posición y beneficios sin asumir riesgos.
Finalmente, las reformas fiscales y de la Administración son las más decepcionantes. Vuelven a subir los impuestos. No se indexan (ni por inflación ni por ningún otro artilugio) los tramos, tipos, deducciones o las bases, de los impuestos directos (IRPF) ni de los indirectos (IVA) y se prorrogan un año (hasta 2015) las subidas transitorias aprobadas en 2012 lo que supone, de facto, un aumento de los impuestos que no iban a tocar. Nos añaden otros impuestos, medioambientales y sobre depósitos bancarios (un atraco que imaginen quién va a pagar), argumentando una falaz e innecesaria equiparación fiscal con la UE. Subirá el Impuesto de Sociedades a las grandes empresas (¿sólo a ésas?), algo cuya eficacia recaudatoria está por ver, pues la mayor parte de sus negocios suelen ya hacerse fuera y tienen mecanismos de escape legales, como reducir su actividad aquí, y cuyo perjuicio económico es evidente. Y elevarán los impuestos especiales, exceptuando los de hidrocarburos; es decir, todos los demás, incluidos tabacos, alcohol, ciertas energías y algunos municipales ¿no?
Mientras tanto, los recortes de la Administración quedan apenas para las corporaciones locales y, a pesar del demagógico enojo del ministro de Hacienda, que se refería a los duros ajustes del sector público por la pérdida de 258.300 empleos, no se ha planteado una reducción seria y eficiente de las Administraciones Públicas (la vicepresidenta se ha referido a que han detectado, no que hayan suprimido, más de 50.000 normas ineficientes o duplicadas), ni de las empresas, organismos y entes públicos, cuya colocación ha aumentado según la última EPA.
Señalar a este respecto que, contando con el sector público empresarial y entidades y organismos vinculados, el peso total del sector público en la economía supera el 50 por ciento, la mitad, del PIB. ¿Cuántos empleos ha perdido en esta crisis el sector público en comparación con el sector privado? Menos trampas y demagogia.
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