El coste del rescate de Bankia eleva la incertidumbre y exige una comisión de investigación.
Las grandes empresas españolas agrupadas en el Consejo Español para la Competitividad presentaron esta semana su informe sobre la economía española. Con ello intentaban demostrar a sus inversores que los fundamentos siguen siendo sólidos, como se encargaron de remarcar tanto César Alierta, presidente de Telefónica, como Emilio Botín, del Santander. Tanto las exportaciones como el turismo, aunque sufran en este 2012, permanecen como motores de crecimiento, mientras que la caída de la demanda interna debería disminuir su impacto sobre la actividad. En cuanto al sector financiero, consideran que con las últimas provisiones adicionales de 30.000 millones quedan cubiertos suficientemente los riesgos.
Con todo, el cuadro de previsiones, en el que se espera que la economía ya no caiga en el último trimestre de este año y comience a mejorar lentamente en el 2013, me parece optimista. El estudio es un soplo de aire fresco entre tanta incertidumbre y un buen punto de partida para comenzar a sacudirnos el pesimismo. Sin embargo, la proximidad de acontecimientos tan cercanos como las elecciones griegas del próximo 17 de junio puede dar al traste con cualquier previsión en estos momentos, por muy realista que sea.
Los analistas pronostican una profunda depresión sobre Europa, con caídas del PIB del 20 por ciento en caso de que Grecia abandone la moneda única. Los peores augurios son para Portugal, Irlanda e Italia, además de Grecia. Pronostican una huida masiva de depósitos bancarios por la desconfianza hacia las entidades financieras, que obligará a acometer fuertes inyecciones de liquidez por parte del Banco Central Europeo (BCE) para mantenerlas en pie. La única manera de detener esta deriva es avanzar a pasos agigantados hacia la unión fiscal y monetaria.
Desde ese punto de vista, la caída griega, aunque tenga consecuencias funestas, acelerará la integración europea. Desgraciadamente ésta no avanza más que forzada por los acontecimientos. Eso explica que la UE haya pedido planes de contingencia a sus miembros, o que se empiece a considerar en serio la creación de un Fondo de Garantía europeo que asegure los depósitos bancarios de la eurozona, o un supervisor común. Instituciones impensables hace sólo unos meses. También se rompió el tabú sobre los eurobonos, aunque éstos sólo sirvan para financiar deuda futura.
Entretanto, Europa rediseña su futuro, Rajoy está en una carrera contrarreloj por alejarnos del abismo. El problema español se llama prima de riesgo. Con ésta en 500 puntos y los bonos por encima del 6 por ciento es muy difícil financiarse. Desde luego es imposible invertir y, por ende, generar empleo. Pero hay algo peor. España tiene una emisión de bonos de unos 18.000 millones en julio, y en torno a 28.000 millones en octubre. El colchón acumulado en los primeros meses del año comienza a agotarse. En estos momentos, la deuda española sólo la compran los bancos españoles y algunos particulares. Los fondos internacionales se han retirado por miedo a no cobrar sus intereses. Las entidades utilizaban hasta ahora el dinero pedido al BCE al 1 por ciento para adquirir deuda. Pero las subastas están cerradas y el dinero sobrante depositado por las entidades en el BCE se redujo de 80.000 a 50.000 millones. Es decir, que en las circunstancias actuales no existen garantías de que en octubre la banca pueda absorber la gigantesca colocación del Tesoro. El riesgo de que en algún momento tengamos que pagar tipos por encima del 7 por ciento, el nivel considerado de intervención, es muy alto.
Rajoy parece que obtuvo garantías durante la cumbre celebrada esta semana de que en una situación extrema el BCE nos echaría una mano. Pero la garantía verbal no es suficiente para los mercados, menos cuando ni siquiera puede hacerse pública, ya que la independencia del BCE, en teoría, es absoluta. Vivimos en el alambre y así seguiremos durante meses, que nadie se haga falsas ilusiones.
La otra reivindicación del presidente es la de fondos para la banca. La última cumbre estudió el uso de los fondos de rescate europeos para recapitalizar los bancos. Pero fue imposible, porque éstos ofrecen a cambio garantías con una calificación crediticia baja, lo que amenazaría la triple A o máxima calificación crediticia del fondo de rescate europeo. En las próximas cumbres se debe buscar otra solución para que el dinero europeo entre en el capital del banco sin provocar el rescate del país, como ocurrió con Irlanda.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, cifró en 15.000 millones el capital adicional que podrá requerir la banca tras la última reforma financiera. Pero es evidente que esta cifra se queda pequeña después de que ayer conociéramos los 19.000 millones estimados sólo para Bankia. El Frob, creado para rescatar a la banca, tiene capacidad para endeudarse en 90.000 millones adicionales. Pero esto sólo es sobre el papel. En realidad, el margen es mucho más limitado sin comprometer nuestras frágiles finanzas.
El nuevo presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, encargó a Goldman Sachs una valoración sobre los activos de su entidad para ponerlos a precio de mercado. Las cuentas arrojan pérdidas multimillonarias y exigen una recapitalización de en torno a 23.500 millones. Goirigolzarri tiene la experiencia de reflotar Bancomer. El banco mexicano que compró gracias a la firme apuesta liderada por Emilio de Ybarra, y que se convirtió a la postre en la mejor adquisición del BBVA hasta el momento.
El resultado de la auditoría puede tener un efecto tsunami sobre el resto del sector. Los mercados comenzarán a preguntarse cuál es la suma necesaria para rescatar al resto de entidades problemáticas. Los 50.000 millones pronto se quedarán cortos. El resultado parece hecho a medida para avalar la decisión de Luis de Guindos de apartar a Rodrigo Rato de la presidencia de la entidad. También cabe preguntarse dónde estaba hasta ahora el Banco de España y cómo permitió la fusión de las siete entidades lideradas por Caja Madrid si todo estaba tan podrido. Una factura demasiado elevada para los contribuyentes, que exige una comisión de investigación sobre el asunto. El asunto Bankia agranda más las incertidumbres y, en lugar de ayudar, demuestra que estamos en un pozo sin fondo.
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