Dentro de la última reforma de la Seguridad Social se ha incluido la puesta en marcha de un mecanismo de equidad intergeneracional cuyo objetivo, según se recoge en la propia Ley, es fortalecer la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social en el largo plazo y liberar a las generaciones más jóvenes de un ajuste provocado por la llegada a la jubilación de grupos de trabajadores más numerosos. Detrás de ese pomposo nombre hay un sistema muy sencillo. En los próximos diez años se aumentarán las cotizaciones sociales y la recaudación de este incremento se gastará a partir de 2033 en la financiación de las pensiones contributivas si se cumplen unos requisitos.
Vamos a analizar con más detalle este nuevo mecanismo para poder concluir si se podrán alcanzar los objetivos con los que nace.
Desde 2023 y hasta 2032 las empresas sufrirán un aumento en sus cotizaciones del 0,5% y los empleados del 0,1%. Este nuevo ingreso se irá guardando en un fondo que tendrá al final de ese periodo alrededor de 42.000 millones de euros, según estimaciones del Gobierno.
En 2033 se podrá empezar a disponer del fondo de la hucha si se cumple una condición, que curiosamente no tiene que ver con el déficit existente ni ese momento, ni en todos los años anteriores. El requisito, enrevesado, es que la estimación del gasto en pensiones en 2050 que se haga en 2033 sea mayor que la estimación del gasto en pensiones en 2050 que se va a hacer en 2024. Estas estimaciones las hará la Comisión Europea y las recogerá en su informe Ageing Report.
En caso de que se cumpla el requisito (que será recalculado cada tres años) el importe del fondo que podrá disponerse cada año no podrá superar el límite del 0,2 por 100 del PIB. Desconocemos cuál será el PIB dentro de una década, pero con datos actuales cada año no se podrían disponer de más de 2.350 millones de euros.
Para ver si estos importes suponen un fortalecimiento real de la sostenibilidad del sistema de pensiones vamos a poner en contexto estas cifras con el impacto que la inflación va a tener en el gasto por pensiones en 2022.
Las pensiones contributivas en 2022 han subido respecto a las de 2021 un 4,1% por el efecto del IPC. Esta subida ha supuesto que el gasto por pensiones se vaya a incrementar este año en aproximadamente 6.300 millones de euros, casi tres veces más que el importe anual máximo de disposición del fondo.
Como los pensionistas consolidan esta subida de pensiones para el futuro, dentro de diez años lo que se habrá gastado en pagar la subida del IPC de 2021 será de más de 60.000 millones, mucho mayor que los 42.000 millones que se espera que haya en la nueva hucha de las pensiones. Si a esto añadimos las subidas por la inflación en los próximos años (en 2023 ya se habla que el gasto en pensiones podría incrementarse 9.500 millones de euros) y el inicio de la llegada a la jubilación de la generación del baby boom se evidencia que el mecanismo de equidad intergeneracional no va a suponer un fortalecimiento real de la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Pero además de ser poco relevante cuantitativamente, tampoco mejora la equidad intergeneracional ya que sobre los actuales pensionistas no recae ningún esfuerzo al incrementarse sus pensiones con el IPC, con independencia de lo que ocurra con la recaudación fiscal, el importe de las cotizaciones sociales, la evolución del déficit público, la productividad o la subida media de los salarios.
En cambio, los actuales empleados sí se verán afectados por el aumento del coste de las cotizaciones sociales porque tendrán un impacto en el empleo y porque además soportarán unos costes de sus cotizaciones mayores que los actuales jubilados, con unas expectativas de unas pensiones más bajas por el envejecimiento que vamos a vivir en los próximos años.
Además, a la vez que se va constituyendo el fondo del mecanismo de equidad intergeneracional se irá incrementando la deuda pública, ya que nuestro déficit crónico se agravará por el aumento del gasto en pensiones que ya alcanza casi la mitad del gasto público. Esta deuda quedará como herencia para la generación que todavía no ha accedido a su primer empleo.
En conclusión, el mecanismo de equidad intergeneracional ni resuelve el problema de sostenibilidad de las pensiones ni cambia el trato de favor de unas generaciones frente a las otras. La medida reciente que más ha afectado a la sostenibilidad de las pensiones, es volver a vincular el incremento de las pensiones al IPC, y su aprobación llevará consigo que medidas que impliquen un recorte en los gastos lleguen antes y sean más profundas.
