La EPA del primer trimestre reflejó la desaceleración del mercado laboral y la persistencia de sus históricas debilidades. Una de ellas es la dificultad que tienen las empresas para encontrar candidatos idóneos para determinados perfiles, especialmente en el ámbito tecnológico.
La formación es a todas luces fundamental para mejorar en este aspecto. De ahí que resulte inconcebible que el dinero que sale de las cuotas de las empresas y trabajadores para la cualificación ocupacional se desperdicie. Así lo reconoce el propio Ministerio de Trabajo que cuantifica en 2.635 millones el capital que se ha acumulado sin gastar durante el periodo comprendido de 2015 a 2020. Cantidad que asciende a unos 3.300 millones si se suma el remanente de 2021 y el primer cuatrimestre de 2022. Esto implica que cada año se quedan entre 500 y 600 millones sin ejecutar de los fondos que empresas y empleados aportar en la cotización a la Seguridad Social, y que se han de destinar obligatoriamente a la formación de los trabajadores, tanto ocupados como desocupados. Los agentes sociales coinciden en señalar que la ley del Sistema de Formación Profesional aprobada en 2015 dificulta la utilización de los fondos. Pero, incomprensiblemente, la negociación abierta para reformar dicha norma lleva paralizada más de un año.
Trabajo cuantifica en 2.635 millones el dinero que no ha gastado para mejorar la recualificación de los trabajadores
La manifiesta dejadez del departamento de Yolanda Díaz con la formación es aún más grave en un momento en el que España está en los primeros lugares de Europa en paro juvenil y de larga duración. Facilitar la incorporación o el reciclaje de los desempleados resolvería algunos de los problemas históricos de nuestro mercado laboral. Urge por ello, acometer la reforma que sea necesaria para evitar el imperdonable desperdicio de los fondos.
