El aumento de la inflación provocará un desajuste equivalente al 1,2% en las cuentas de Seguridad Social, que obligará a un gasto extra para compensarlo de 15.200 millones el próximo año.
Esta cifra se debe a que el incremento de los ingresos por cotizaciones previsto, del 5%, es insuficiente para compensar el aumento del 8,4% en gasto en pensiones, debido al coste de revalorizar las nóminas según una inflación media que ningún análisis público ni privado sitúa ya por debajo del 6%. Este descuadre entre las nóminas y las contribuciones para pagarlas, se compensará mediante transferencias del Estado por gastos impropios con cargo a los Presupuestos, apelando al principio de separación de fuentes de financiación del sistema. Pero esta interpretación, que parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo, se convierte en algo discutible con la entrada en vigor de la nueva reforma de las pensiones. Y es que dicha normativa establece que la definición de estos gastos impropios la fijará el Gobierno "por exigencia de la coyuntura". Un concepto "bastante discutible" tal y como indica Fedea que advierte de que podría esconder un "agujero" real del sistema de hasta el 2,6% del PIB, 33.596 millones, en 2023. Por si fuera poco, la evolución demográfica hace esperar que esta situación empeore en los años siguientes, cuando se jubile la generación del baby boom.
El Gobierno utiliza 'artimañas' contables para ocultar el insostenible coste de volver a vincular las pensiones con el IPC
Aun así, el Gobierno se niega a revisar la revalorización de las pensiones cuestionada por múltiples organismos internacionales y se encomienda a un complejo engranaje contable para presentar una reducción del déficit de la Seguridad Social que no es tal. Da así la espalda a la verdadera sostenibilidad de las pensiones e hipoteca el futuro de nuestros mayores.
