España cerró el déficit de las Administraciones Públicas en el 6,76% del PIB en 2021, frente al 10,08% del año anterior. Se trata de la mayor reducción de la serie histórica y mejora en punto y medio lo previsto inicialmente por el Ejecutivo. Además de la innegable recuperación económica tras la crisis del Covid, dos factores han posibilitado este descenso.
El más importe es el incremento de la inflación, que cerró 2021 en el 6,5% máximo en casi tres décadas, y que ha impulsado la recaudación por tributos como IVA, Sociedades e Impuestos Especiales hasta los 223.385 millones, un 15,1% más que en 2020. Asimismo, la transferencia de los gastos impropios de la Seguridad Social a los Presupuestos del Estado (financiados vía impuestos), contribuyó a que esa Administración redujera su déficit hasta el 0,93%, el más bajo desde 2013. Ambos factores permiten la meritoria caída del déficit público en su conjunto a pesar de que el gasto aumentó en el ejercicio un 9,2%, hasta 26.000 millones. De cara al presente año, la persistencia de la alta inflación por la guerra en Ucrania y la llegada de fondos europeos también juegan a favor del Gobierno en su objetivo de reducir el déficit hasta el 5%. Además, el crecimiento económico, que según los analistas podría rondar el 4% por el impulso del turismo, también supondrá una ayuda extra en la recaudación.
El Gobierno debe aprovechar la ayuda de la inflación para disminuir el gasto e impulsar la reducción del déficit público
Ahora bien, el Ejecutivo debe ser consciente de que estas ayudas excepcionales terminarán en 2022. Es clave que aproveche la situación para corregir el déficit estructural situado en el 5%. Para ello, debe ajustar el gasto público y eliminar medidas como la vinculación de las pensiones a la inflación, ya que suponen un riesgo para el futuro.
