El Gobierno logra un principio de acuerdo con el transporte tras comprometerse a aplicar una batería de medidas valoradas en unos 500 millones para bonificar el precio del combustible profesional.
Según la propuesta, estas ayudas serán financiadas entre el Estado y las compañías distribuidoras y comercializadoras de combustibles, si bien están por concretar los porcentajes de cada una de ellas. Aún es pronto para saber si esta promesa de subvenciones bastará para frenar el paro del sector que, desde hace más de un semana, genera graves problemas a la industria y desabastecimientos en supermercados y gasolineras por la violencia de los manifestantes. Además, el hecho de no incluir en las negociaciones a la patronal convocante, aunque sea minoritaria, aumenta las dudas respecto a si la propuesta pondrá fin a los piquetes. Ahora bien, lo que no ofrece discusión alguna es que las petroleras sufragarán parte de la rebaja de 500 millones que se ha prometido al transporte. Para empezar, llama la atención que este pacto a los camioneros se haya propuesto sin informar al menos previamente a empresas afectadas como Repsol, Cepsa o BP. No obstante, lo más preocupante es que esta subida de impuestos encubierta a las petroleras que plantea el Ejecutivo vuelve a dejar claro su interés por hacer que sean las propias empresas las que carguen con parte de las medidas que se están anunciando para rebajar el recibo eléctrico.
Las petroleras sufragarán parte de la rebaja prometida al sector del transporte, aunque ni siquiera se les ha consultado
Es más, todo apunta a que serán también las energéticas las que sufran las medidas en las que el Gobierno trabaja para rebajar la factura de la luz. Este injusto intervencionismo económico de Moncloa en las compañías genera inseguridad jurídica, lo que ahuyenta las inversiones y compromete la recuperación económica.
