La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantiene sus planes para presentar mañana las conclusiones del grupo de expertos a los que encomendó en abril la tarea de diseñar una reforma fiscal.
Lo hace pese a que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmara que antes de poner en marcha las medidas, las discutirá con los agentes sociales y los partidos políticos. Los efectos sobre la industria y los precios ante la escalada del conflicto con Rusia aconsejan esta prudencia, si bien no corrige el fondo de la cuestión: la intención del Ejecutivo de subir impuestos. Y es que, como ya ocurrió con el salario mínimo, el informe de los especialistas a los que el Gobierno pide consejo es solo una excusa para justificar una hoja de ruta que Hacienda ya ha decidido de antemano y que pasa por incrementar el castigo fiscal a las empresas, por Sociedades, a los trabajadores en el IRPF y la persecución a aquellos que considera ricos. Esto explica la defensa a ultranza de un impuestos prácticamente extinto en los países desarrollados, como Patrimonio. Esta postura ya resultaba anacrónica y errónea en un entorno marcado por la recuperación de la pandemia y una inflación al alza. Pero es una barbaridad hacerlo en mitad de un enfrentamiento entre la OTAN y Rusia de consecuencias imprevisibles, y que ya repercute en la energía y las materias primas y amenaza la recuperación de sectores clave, como el turismo.
Hacienda utiliza a los expertos solo como coartada para aprobar una hoja de ruta fiscal que ya tenía decidida de antemano
Desde luego, no es el momento de anunciar una subida de impuestos. Y el mero hecho de presentarla, como hará el Gobierno este jueves, lanza un mensaje de incertidumbre no solo entre empresas y trabajadores, sino también entre los inversores, que se alejarán de España en un momento crítico.
